El juez de la trama Púnica ha pedido la imputación -actualmente en la figura de investigado- de Pedro Antonio Sánchez por los supuestos delitos de fraude, revelación de información reservada y cohecho por sus presuntos lazos con la trama de corrupción.
El juez Eloy Velasco ha decidido, por tanto, enviar la petición al Tribunal Superior de Justicia de la región en la que Sánchez permanece aforado, para que valore la posibilidad de que el presidente pueda ser incluido en la investigación de la trama en calidad de imputado. Su condición de presidente impide que el juez pueda imputarle de manera inmediata.
El juez le ha señalado este lunes 3 de abril por, presuntamente, haber haber financiado con fondos públicos una camapña de reputación a través de las redes sociales.
Esta noticia llega después de que el juez abriese una pieza por la actuación de la trama en Murcia contra 22 personas, entre las que se encontraban el dirigente autonómico y la senadora del PP, Pilar Barreiro, que también cuenta con aforamiento por pertener a la cámara alta.
En el escrito del juez, Velasco detalla que Sánchez concertó con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Púnica, la realización de varios encargos en redes sociales con el fin de "limpiar" la imagen del presidente en las redes sociales.
No se puede imputar directamente a Pedro Antonio Sánchez a causa de su aforamiento
Si el tribunal superior atiende las peticiones del juez Velasco, esta imputación se uniría a las de prevaricación, fraude y malversación que ya mantiene por el caso Auditorio, en relación a las irregularidades en la construcción de un equipamiento cultural en Puerto Lumbreras, localidad de la que el político ha sido alcalde.
A pesar de que, en este caso, el contrato no se llegó a realizar, el magistrado considera que ello no impide que se le pueda imputar un delito de fraude, puesto que este se consuma por el hecho simple de concertar un contrato. Si se hubiera realizado, entonces, Velasco considera que se trataría de un delito de malversación de fondos públicos.
Una campaña para conquistar el gobierno regional a cargo de contribuyente
El magistrado ha aprovechado también para criticar la presunta concertación del presidente con Alejandro de Pedro para limpiar su imagen pública en redes sociales con motivo de su campaña para las elecciones autonómicas, a cargo del contribuyente. Velasco ha considerado que "ha lastimado los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares".
Los encargos habrían llegado cuando Sánchez era consejero de Educación y mantenía sus aspiraciones para llegar a encabezar el Ejecutivo autonómico, "como finalmente consiguió". Velasco asegura que la decisión del investigado llegó cuando comenzaron a hacese públicas un número importante de investigaciones penales que podrían suponer una "imagen inconveniente para el partido y la sociedad".
El magistrado critica también que Sánchez no sufragó estos trabajos "con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente", sino que lo empezó a conseguir a través de los trabajos de los empleados de las empresas de De Pedro. El juez apunta a que se prometió una adjudicación "hinchada" para el conseguidor de la Púnica como pago por los servicios prestados.
Los trabajos tendrían un coste de unos 4.600 euros al mes, entre los que se incluían los honorarios de un periodista para un diario digital y la creación de un portal para dar cobertura a los trabajos de reputación que durarían siete meses para coincidir, precisamente, al período previo a la campaña electoral de ese mismo año.
Y para sostenerse en sus argumentos, el juez cita numerosos indicios hallados durante la investigación, como correos electrónicos, llamadas telefónicas o intercambios de whatsapp; a los que se unen varios informes sobre trabajos de reputación online o la agenda de una empleada en la que aparece representada, de manera explícita, la fecha de inicio de esos trabajos, el 3 de noviembre de 2014.
Por todo ello, el juez Eloy Velasco ha considerado que el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, debe de ser investigado por la trama Púnica, algo que se sumará a su imputación en el caso Auditorio y mientras se acerca el debate para la moción de censura que podría dar un vuelco al gobierno regional.
