El rey emérito, Juan Carlos I, efectuó una segunda regularización fiscal de más de cuatro millones de euros para eludir un posible delito penal, según se confirmó el pasado viernes, 26 de febrero. Según adelantaba El Español, el monarca tuvo que recurrir a varios empresarios para que sufragasen esta deuda que, en realidad, asciende hasta los ocho millones de euros.
El abogado de Juan Carlos de Borbón, Javier Sánchez-Junco, publicó una nota donde confirmaba que el monarca le solicitó que hiciese público su tramitación ante las Autoridades Tributarias de "una declaración sin requerimiento previo de clase alguna de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, de 4.395.901,96 euros incluyendo intereses de demora y recargos".
Esta deuda deriva de los gastos en vuelos privados y otros servicios sufragados por la Fundación Zagatka, de su primo lejano Álvaro de Orleans, en los años entre 2003 y 2008, cuando tuvo aquella relación con Corinna Larsen.
Una deuda sufragada por diferentes empresarios y aristócratas
Ya hizo un primer pago de casi 700.000 euros el pasado mes de diciembre y, según asegura La SER, este nuevo gasto podría ser el último, a pesar de que aún falte la otra mitad de la deuda estimada. El pasado viernes, eran muchas las personas que en redes sociales denunciaban la opacidad con la que se realizó este pago, dado que no se sabía con exactitud de dónde venía esta cuantía. Diferentes medios confirman que se comenzó a hacer la recolecta de dinero en enero, con una primera lista de 32 empresarios, aristócratas y otras amistades que se ofrecieron a colaborar en el pago de la deuda.
Finalmente, esta treintena de personas quedaron en una decena, dado que el resto no completó los trámites a tiempo. Todo este procedimiento se realizó con el máximo asesoramiento jurídico posible, con el objetivo de evitar que los benefactores pudieran tener problemas legales, por lo que además han optado por mantener el anonimato. El equipo jurídico de Juan Carlos I indica que "todo sigue su curso y no hay más información al respecto", estimando que ya no habrá un tercer pago.
Una opacidad denunciada por personalidades políticas
Todos estos préstamos se han prestado a modo de créditos privados y firmados ante notario, con un tipo de interés y un plazo de devolución marcados. Si se diese el caso de que el monarca no puede realizar la devolución de todo el crédito, este pasaría a cargo de sus herederos. De todas formas, deben entregarse los contratos a Hacienda, que deberá investigar si en realidad es una donación encubierta de préstamo ficticio.
Diversos partidos parlamentarios, tales como EH Bildu, PdeCAT, BNG, ERC y JxCAT, han solicitado a la Ministra de Hacienda, al Director de la Agencia Tributaria y a la Fiscalía que comparezcan para aclarar en qué términos se produjo esta regularización, exigiendo una transparencia que no está habiendo, dado que no se sabe ni quiénes son los benefactores, ni el tipo de contrato hecho, ni las condiciones del mismo. Por otra parte, Jaume Assens, portavoz de Podemos en el Congreso, ha alertado de la "pasividad" y "tardanza" con la que el Ministerio de Hacienda y otros organismos implicados están facilitando que Juan Carlos I de Borbón pueda "eludir la justicia".
