Una menor de 13 años ha apuñalado hasta en cinco ocasiones a un compañero instituto en el IES Valdebernardo, situado al sureste de la capital, tal y como han informado fuentes oficiales.
Al parecer, la agresión fue consecuencia de una pelea entre ambos jóvenes (su víctima tenía 14 años), cuando la niña decidió coger un objeto punzante y clavarlo en el cuerpo de su compañero en repetidas ocasiones.
Los profesores acudieron de inmediato al lugar de los hechos para socorrer al agredido y llamaron a los Servicios de Emergencias, que se personaron en el lugar al instante. Tal y como ha declarado un portavoz de Emergencias Madrid, el adolescente continúa ingresado en el Hospital Niño Jesús de Madrid con un pronóstico reservado. Los hechos se produjeron al finalizar la mañana en uno de los despachos del centro, tal y como han relatado las autoridades.
La polémica surge ahora porque la menor agresora no puede ser imputada por ningún delito, ya que con 13 años, la Justicia no reconoce ninguna responsabilidad penal ante sus actos. A pesar de todo ello, el Grupo de Menores de la Policía Nacional ha visitado el lugar de los hechos para investigar todo lo que ha sucedido. Hasta allí también se ha desplazado un inspector que recopilará todos los datos sobre el lugar suceso y elaborará un informe.
Por el momento, la única sanción que se contempla contra la joven puede partir desde las autoridades del centro educativo. Como la ley considera que es inimputable, tan solo queda remitirse al Decreto de Convivencia de cada centro en el que cada uno de los institutos deciden qué tipo de medidas disciplinares se imponen en un caso como este. Es decir, podría ser, por ejemplo, suspendida de sus clases, pero en ningún caso correr con una responsabilidad penal.
Una ley que no contempla sanciones para los menores de 14 años
A pesar de haber puesto la vida de su compañero de instituto en peligro, la acusada de la agresión no puede recibir ningún tipo de consecuencia penal por sus actos. Al ser menor de 14 años, la ley considera que es inimputable, algo que no hubiera sucedido unos meses después (la joven estaba a punto de cumplir la edad).
La Lay del Menor especifica en su caso que "se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes", pero deja claro en su artículo 3 que "no se le exigirá responsabilidad penal".
La norma establece ese criterio "con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes", aunque no sería el primer caso de este tipo que queda impune porque no se puede juzgar al menor implicado.
Lo único que se contempla "en los escasos supuestos en que aquéllas producir alarma social, son suficientes para darlos una respuesta igualmente adecuada en los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado".
Teniendo en cuenta todos estos datos, ¿sería conveniente modificar la ley del menor o es justa tal y como está planteada?
