La Guardia Civil mantiene detenido a José Luis Barrasa, el director de la residencia de ancianos Vitalia (antes denominada Solyvida) situada en la localidad de Las Rozas (Madrid). Este hombre de 49 años está acusado de apropiarse, supuestamente, de un mínimo de 270.000 euros de los depósitos de los ancianos que vivían en el centro.
Para ello, según las primeras pesquisas, se ganó la congianza de al menos seis personas de 90 años o con un alto grado de dependencia y discapacidad para estafar el dinero de sus cuentras bancarias. Además, contaba con el apoyo de una doctora del centro, que suministraba dosis excesivamente altas de insulina, hasta el punto de que una de sus víctimas terminó ingreso por una hipoglucemia.
El acusado es un hombre de 49 años identificado como José Luis Barrasa que dirigía esta residencia de ancianos. Toda la trama había pasado desapercibida hasta que uno de los familiares elevó la voz de alarma para alertar sobre un movimiento de dinero sospechoso en las cuentas de uno de los residentes. La Guardia Civil empezó a investigar y descubrió todo lo que presuntamente había detrás.
El 'modus operandi' acostumbraba a repetirse en casi todos los casos. La doctora adormecía a los ancianos de manera que se anulaba o disminuía la capacidad de juicio. Posteriormente, el director se acercaba hasta la sala y los embaucaba, de manera que se ganaba su confianza y conseguía sus propósitos.
Algunos residentes relatan a El Español que el acusado, sin embargo mostraba dos caras. Era atento y cariñoso en un primer momento, embaucaba a la gente que interaccionaba con él, pero en cuanto había un problema, mostraba su verdadera cara. Mostraba una actitud chulesca, despectiva, de rechazo a las personas que estaba tratando en el centro en el que dirigía. Y que, al parecer, le habrían proporcionado irregularmente un fondo que, como mínimo, alcanza los 270.000 euros.
Los familiares de un residente fallecido elevaron la voz de alarma
El caso estalló cuando uno de los familiares de un residente fallecido presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Habían detectado movimientos irregulares en las cuentas, sobre todo porque el titular ya no se encontraba con vida. Los agentes pudieron comprobar posteriormente que esa tarjeta se había quedado en la residencia y que nunca había sido devuelta a sus legítimos dueños.
Los agentes tiraron del hilo para averiguar si se trataba de un hecho aislado o si este caso formaba parte de una trama. Hasta el momento han hallado seis residentes estafados, tres de ellos fallecidos. Hay sospechas de que este tipo de prácticas se llevan realizando desde el año 2015.
La denuncia, además, permitió suspender un traspaso entre cuentas de 122.000 euros, proveniente de un fondo de pensiones de un residente, del que quería apoderarse de manera ilegal. La rapidez en la actuación evitó un problema mayúsculo en este caso particular.
