El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha decidido apartar a uno de los dos fiscales que han investigado las operaciones supuestamente fradulentas de Ignacio González en la gestión del Canal de Isabel II.
En concreto, el afectado es Carlos Yáñez, que ha llevado el peso de todos los interrogatorios y que se opuso a Moix cuando éste intentó impedir uno de los registros en el marco de la Operación Lezo contra Ignacio González gracias al que se pudo detener al expresidente de la Comunidad de Madrid. Para ello, fue fundamental que Yáñez contase con el apyoyo de toda la junta de fiscales (menos uno) para que Moix cediese finalmente.
Según indica la Cadena Ser, el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha puesto trabas a la investigación contra Ignacio González "desde el primer minto". El mismo medio señala que, junto a su oposición a los registros contra el exmandatario autonómico, Moix también intentó prohibir las escuchas a los investigados al poco de llegar a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción.
Si se hubiesen seguido todas las prerrogativas del Moix, la Operación Lezo no habría estallado e Ignacio González no habría sido detenido por falta de pruebas. Por ello, muchos han considerado que el fiscal jefe mantiene un posible conflicto de intereses en esta trama.
Los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que Moix está "manchando el nombre de la institución" y afectando a unos profesionales "que se parten la cara día a día" en la lucha contra la corrupción.
El fiscal, por su parte, se defiende afirmando que ha sido el propio Carlos Yáñez el que ha pedido renunciar a su puesto en Madrid y regresar a Granada, y que será este viernes cuando reciba la respuesta definitiva.
Sin embargo, su relato se contradice con la nota de prensa que afirma que el propio Moix ha solicitado que el fiscal implicado renueve su plaza y que esta acción ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, Moix elude las acusaciones que afirman que intentó evitar las escuchas a los investigados. El Fiscal Jefe sostiene que los motivo aducidos por los fiscales del caso para prorrogar las escuchas, que consistían básicamente en tenerlos localizados para su detención "suponían tocer la ley", por lo que finalmente solo accedió a prorrogarlas un mes más.
Moix ha negado cualquier posible conflicto de intereses, aunque hay que tener en cuenta que la Operación Lezo no hubiera estallado sin las acciones que intentó censurar.
La Operación Lezo implica a altos cargos de la Comunidad de Madrid durante la época en la que Ignacio González estuvo en el Canal de Isabel II, empresa pública que gestiona las aguas de Madrid. González podría haber usado los fondos de la empresa pública para desfalcar dinero en varios negocios en Latinoamérica, así como para financiar una supuesta caja B en el Partido Popular de Madrid.
