Islandia lo ha vuelto a hacer. El país europeo encabeza cada año las políticas de igualdad según el Informe Global de la Brecha de Género elaborado por el Foro Económico Mundial (España ocupa el puesto 24, y llegó a estar el 11 en 2006). Pero, con el 2018, el parlamento islandés ha querido dar el golpe definitivo a la brecha salarial que sufren las mujeres del mundo, convirtiéndose en el primer país del mundo en eliminar la desigualdad salarial.
Y todo gracias a una ley, ya aprobada en 2017 y aplicada desde el 1 de enero de 2018, que obliga a las empresas con más de 25 empleados, públicas o privadas, a conseguir un documento que certifique la igualdad en la remuneración (Jafnlaunavottun). Las grandes empresas con más de 250 trabajadores deberán hacerlo antes del 31 de diciembre, mientras que el resto tienen hasta 2021 para regular los contratos.
En caso de no cumplir con el propósito una vez expire el plazo, las empresas se podrían enfrentar a cuantiosas multas. E incluso aunque esté todo en orden, no deberán relajarse, pues el certificado ha de renovarse cada tres años.
Una vez esté la ley implementada en su totalidad, se espera que afecte a más de 150.000 trabajadores, que suponen el 80% del total.
Un país y una primera ministra feministas
La lucha por la igualdad salarial en Islandia no es reciente. Ya en 1961 se aprobó una legislación que permitiera la total equidad en un margen de seis años. Llegó 1967, y, si bien no se cumplió, la lucha por los derechos de la mujer en el país nórdico se ha mantenido hasta el día de hoy, con resultados evidentes.
No hay más comprobar, por ejemplo, quién gobierna el país para darse cuenta. Katrin Jakobsdottir se convirtió en primera ministra de Islandia el pasado mes de octubre a pesar de que su partido, el Movimiento de Izquierda Verde, fue la tercera fuerza política. Su gran carisma y la enorme aceptación popular la impulsaron a la presidencia en un momento político complicado para un país que tuvo dos elecciones generales en 2017.
Jakobsdottir, de 42 años, ha apostado desde el primer momento de su mandato por una política activista, feminista y de acogida de refugiados, a pesar del complicado pacto con la centro-derecha que la aupó al poder. Es el rostro principal de un país pionero en derechos sociales.
