Ayuso se ha erigido como una de las máximas representantes del liberalismo económico en España. La doctrina, al estilo de las defendidas por Margaret Thatcher o Ronald Reagan, sostiene que el ciudadano es el único responsable de su destino y, con ello, apoyan la menor intervención pública en la economía bajo el pretexto de que los fracasos individuales también deben sufrirse con todas las consecuencias para que una sociedad prospere.
Nada de tener en cuenta los factores que diferencian la igualdad de oportunidades, por ejemplo. Bajo este mantra llegan comentarios como llamar "mantenidos subvencionados" a las personas que se han visto obligadas a pasar por las colas del hambre durante la pandemia.
Sin embargo, este mantra neoliberal... ¿se está aplicando en todos los casos desde la misma óptica? Llama la atención cómo la Comunidad de Madrid está convirtiendo en algunos casos la denominada colaboración público-privada en un sostén para la inversión de empresas que muchas veces suplen la infraestructura que antes copaba la Administración y, además, que reciben todo tipo de subvenciones cuando el proyecto no prospera. Obviamente, cuando todo sale bien, no reparten el beneficio con la Comunidad de Madrid. Vamos a comprobar algunos ejemplos.
1 Hospital Puerta de Hierro
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha visto obligado a pagar 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, a pesar de que se trata de un servicio que la empresa concesionaria no ha ofrecido en ningún momento.
En un principio, se planteó que las estancias serían dobles y compartidas, para aumentar la capacidad. Pero la expresidenta, Esperanza Aguirre, decidió en el último momento que debían ser individuales y ordenó la retirada de las 135 camas.
Ahora, la Justicia ha obligado a pagar casi 30 millones de euros por aquella decisión, pese a que la Comunidad de Madrid nunca disfrutó de un servicio que ahora está pagando... ni lo hará. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a Aguirre el pasado noviembre por presunta malversación y prevaricación, una petición que fue rechazada.
2 Plaza de Las Ventas
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha aprobado una partida de 3,4 millones de euros destinada a la empresa Plaza 1, que explota la plaza de toros de Las Ventas. El objetivo es compensar la falta de ingresos que la pandemia generó en las cuentas de esta empresa privada, pérdida que no asume dicha sociedad y se pagarán a costa del erario público.
Para ello, se ha utilizado el mecanismo de reequilibrio que la Administración puede usar a favor o en contra del concesionario, según fallen las previsiones de negocio, pero finalmente se ha subsanado el problema que esta empresa, que decidió hacerse cargo en un concurso público, ha sufrido durante la pandemia.
No es la única ayuda que se ha llevado esta empresa. En la temporada de 2020, primer año de la pandemia, el Gobierno autonómico ya compensó las pérdidas por el cierre de actividad extendiendo el tiempo de concesión y permitiendo que la enseña no pagara el canon anual de 2,8 millones de euros al que tiene derecho la Comunidad.
3 Tren de Navalcarnero
El fracaso del tren a Navalcarnero, que la Comunidad de Madrid iba a construir para conectar esta localidad con Móstoles, Alcorcón y la capital en menos de media hora, finalmente ha terminado con pagos de indemnizaciones... y ninguna infraestructura efectiva. En concreto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pagado 188,4 millones de euros a la constructora OHLA por una infraestructura planeada durante el mandato de Esperanza Aguirre.
El tren lleva paralizado desde 2010. Iban a cubrir un trayecto de 15 kilómetros y fueron adjudicadas a OHL en 2009 por 369 millones de euros. Tras invertir más de 140 millones de euros, la concesionaria paralizó todo en 2010 y dejó las obras y maquinarias en el lugar. En 2015, cinco años después, presentó una reclamación ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato "por imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles", reclamando 285 millones de euros de indemnización.
El Gobierno de Cristina Cifuentes pasó a la ofensiva contra la compañía y demandó a la empresa por los perjuicios ocasionados por la paralización del proyecto. Sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación y consideraba su petición de 356 millones de euros, además del cumplimiento de la obra, como nulas. Finalmente, la empresa ha sido quien se ha llevado la indemnización y la obra ha pasado a mejor vida.
4 Ferrovial
El Gobierno de Ayuso también ha concedido 56 millones de euros a la constructora Ferrovial por el proyecto de la autopista M-203. Se trata de un conflicto que llevaba enquistado una década, después de que Esperanza Aguirre adjudicara la construcción de esta infraestructura sin tener todas las autorizaciones y, después, no pudiera terminarla por las restricciones del Ministerio de Fomento.
Esta infraestructura se planteó para descongestionar el tráfico en la A-2 entre Alcalá de Henares y Madrid. Sin embargo, la falta de permisos llevó a que se construyera, en realidad, un 80%, pero que quedara inutilizada, en lo que se constituye actualmente como una autopista fantasma.
5 Residencias
La Comunidad de Madrid también indemnizó en 2021 a 15 residencias privadas con más de un millón de euros por los "daños" que sufrieron durante la primera ola de la pandemia. Estas residencias tienen causas judiciales con los familiares de los fallecidos, que reclaman responsabilidades y compensaciones por la gestión, escasos medios y falta de seguridad sanitaria.
Desde que el ministerio de Sanidad concedió determinados poderes a las autonomías para gestionar la pandemia, se implicó a las residencias privadas en la crisis. El Gobierno madrileño derivó a los ancianos a estas residencias, se concedieron altas y traslados e incluso hubo cambios entre los gestores.
Muchos de los familiares afectados tardaron tiempo en conocer la muerte de los fallecidos, lo que se suma a los contagios entre el personal de cuidados y la ausencia de protocolos de seguridad hasta que la pandemia ya estaba demasiado avanzada. Las indemnizaciones han ido, sobre todo, a Orpea, Ballesol y Amavir, grandes grupos del sector.
6 Comedores
El Gobierno de Ayuso también se ha visto obligado a indemnizar a las empresas de comedor escolar a las que suspendió el contrato en marzo de 2020, cuando se paralizaron las clases presenciales en los centros educativos por el estallido de la pandemia.
Aquella suspensión terminó con la Comunidad de Madrid firmando contratos con empresas de comida rápida, como Telepizza o Rodilla, para alimentar a las familias más vulnerables. El Ministerio de Trabajo ha negado el ERTE a algunas de estas empresas y por ello la Comunidad está obligada a indemnizar a aquellas que lo soliciten, asumir el coste de personal y negociar una prórroga de contratos. Todo, después de suspenderlos para contratar en su lugar a cadenas de comida rápida.
