A pesar de que las agresiones contra las personas LGTBI registran una alta incidencia en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha modificado la línea de subvenciones y aboca en estos momentos al cierre al Observatorio regional contra Delitos LGTBI.
La asociación Arcópoli ha denunciado los cambios que emprende la Comunidad de Madrid en la línea de subvenciones, de las específicas para personas LGTBI, a la convocatoria general del IRPF, donde hay más proyectos que deriva en una reducción de las cuantías.
El Observatorio se creó en 2016, bajo el mandato de Cristina Cifuentes (PP) y cuando dependía del apoyo parlamentario de Ciudadanos. El organismo recibía una partida anual de 40.000 euros, que ahora se verá reducida a 28.000 euros bajo el mandato con mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso (PP).
El proyecto documentó en 2023 más de 200 incidentes de odio en la región, a pesar de la fuerte infradenucnia que existe entre las personas LGTBI por falta de concienciación sobre los delitos de odio. La realidad es que solo 2 de cada 10 personas que han sufrido una agresión de estas características denuncia.
El Observatorio no se encarga solo de documentar las agresiones físicas y verbales a personas LGTBI, sino que también ofrece asesoría jurídica y acompañamiento a las víctimas. Además, presenta anualmente un informe que representa una radiografía sobre los delitos de odio en la Comunidad de Madrid y con la que visibiliza estos incidentes.
La nueva manera de evaluar el IRPF y las cuantías dejan ahora al Observatorio con menos recursos, a pesar de que se han cumplido los objetivos hasta la fecha que llevaron a su creación. Por este motivo se ha iniciado una campaña de crownfunding para intentar alcanzar la financiación necesaria y garantizar la continuidad del Observatorio.
Recortes en derechos LGTBI en la región durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso
A pesar de los avances legislativos que vivió la Comunidad de Madrid en la inclusión de las personas LGTBI desde 2015, la región ha experimentado un retroceso desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder, que se ha visto acelerado tras su mayoría absoluta en 2021.
La presidenta madrileña impulsó un recorte sobre las leyes LGTBI y Trans en 2023, a pesar de que en el pasado había negado tal posibilidad. Entre otros aspectos, eliminaba la prohibición de las terapias de conversión para personas trans o el derecho a la autodeterminación de género de las personas, dificultando adecuar su género en los documentos oficiales. Tampoco se instaba a promocionar la diversidad e inclusión de las personas LGTBI en aulas o medios de comunicación.
Unos movimientos por los que tuvo que recular un año después, cuando el Tribunal Constitucional amenazó con tumbar sus recortes legales y suspendió algunos puntos por inconstitucionales, puesto que planteaban aspectos ya prohibido en la Ley Trans nacional.
Otros de los gestos de la actual presidenta madrileña fue modificar el organigrama de su Gobierno y eliminar cualquier referencia a la población LGTBI de la Comunidad de Madrid, incluyendo la supresión de la subdirección de Igualdad LGTBI.
