El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado extender durante todo el año el decreto de medidas anticrisis para reducir los efectos de la invasión de Ucrania, cuya vigencia actual se extiende hasta el mes del junio. Además, propone mejorar el contenido con otro tipo de actuaciones, como una reducción "drástica" de los precios del transporte público, con abonos mensuales de 10 euros.
Esta medida sería similar a la adoptada por el gobierno alemán, reduciendo el abono mensual hasta los 10 euros para todas las ciudades y Comunidades Autónomas. Esto se adoptaría mediante fondo de ayuda a municipios y comunidades autónomas, lo que también reportaría un ahorro de energía.
El Ministerio también pretende extender el escudo social, con la actualización inmediata de las pensiones no contributivas al IPC y ampliar el bono social eléctrico a otros dos millones de españoles.
El real decreto fue aprobado el pasado mes de marzo e incluye una serie de medidas de corte económico y social con las que se pretende garantizar la protección de la población vulnerable, entre las que destacan la subida del Ingreso Mínimo Vital, la limitación de la subida del alquiler al 2% o la limitación de despidos para empresas que reciban ayudas públicas o se acojan a medidas extraordinarias de protección al empleo.
En este sentido y ante la evolución de la inflación, que todavía se encuentra en niveles elevados, defiende que el paquete de actuaciones debe prorrogarse, al menos, hasta el 31 de diciembre del presente año.
Decreto anticrisis
El pasado mes de marzo, el Gobierno cuantificó el plan anticrisis en 16.000 millones de euros, con 6.000 millones en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en una nueva línea de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, con este decreto se extiende el plazo de vencimiento de los ya aprobados y el plazo de carencia para los sectores más afectados.
Además, el decreto contiene una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible reportado, extendida a todos los consumidores y los 450 millones en ayudas directas. Otros sectores beneficiarios de ayudas son el agrario, el pesquero y la industria, una rebaja de peajes en la factura energética y la ampliación de compensaciones por los costes de emisión de dióxido de carbono (CO2).
Además, despliega una limitación temporal de las subidas del alquiler hasta el 2% y la limitación para despedir por causas objetivas por aumento de los costes energéticos para empresas que reciban ayudas públicas o se acojan a medidas extraordinarias de protección al empleo.
Además, se aumentó las cuantías en un 15% del Ingreso Mínimo Vital, se extendieron los supuestos para acceder a los descuentos del bono social eléctrico, se prorrogaron otros tres meses más las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y se adoptaron medidas para acelerar el despliegue de instalaciones renovables y facilitar el autoconsumo, entre otras medidas.
