La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha presentado una propuesta audaz al PSOE: expropiar 92.000 viviendas en manos de grandes fondos de inversión para destinarlas al alquiler social. Esta iniciativa significaría transferir al parque público la mitad de las viviendas que poseen estas empresas, con el objetivo de abordar la problemática de los precios en el mercado inmobiliario.
Recuperar el control del parque inmobiliario para el bienestar social
Durante el debate sobre la extensión de la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028, Belarra planteó esta propuesta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como una medida para ampliar el parque público de viviendas. "¿Expropiemos el uso de la mitad de las viviendas de estas grandes empresas para que formen parte del parque público de vivienda en alquiler?", sugirió Belarra, señalando a corporaciones como Blackstone o CaixaBank y criticando su enfoque especulativo en el mercado inmobiliario.
En este sentido, la expropiación de viviendas a grandes fondos de inversión no solo responde a la crisis de vivienda en España, sino que también busca fortalecer el acceso a una vivienda digna y promover un mercado inmobiliario más justo y orientado al bienestar social.
La necesidad de una ley de medios de comunicación transparente
Además de la propuesta de expropiación, Belarra subrayó la urgencia de aprobar una ley de medios de comunicación para garantizar la veracidad y transparencia de la información difundida. "Desde los medios de comunicación se dice que el problema es la Ley de Vivienda... ¿Cómo va a ser el problema la Ley de Vivienda, si ustedes, señorías del PP, no la aplican?", expresó Belarra.
Belarra enfatizó la importancia de regular la actividad mediática para evitar la desinformación y los intereses particulares que distorsionan la realidad. En este contexto, criticó a la periodista Ana Rosa Quintana, acusándola de difundir información falsa sobre la Ley de Vivienda y mencionando su supuesta propiedad de 44 pisos turísticos como un ejemplo de conflicto de intereses.
