El Tribunal de Cuentas ha aceptado abrir una investigación por la demolición del memorial a las víctimas del franquismo que ordenó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
El regidor envió a varios operarios del Consistorio para destruir a mazazos y retirar varias placas en honor a los fusilados por el régimen franquista. Estas placas forman parte de una obra que fue encargada por su antecesora, Manuela Carmena.
El presupuesto para esta intervención ya se había ejecutado, en la fecha de la destrucción, en un 80%. En ese momento, el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos paralizaron las obras y ordenaron el derribo.
— Foro por la Memoria (@foromemoria) November 25, 2019
Las placas nunca llegaron a colocarse de forma general ni se inauguró la intervención de manera oficial. Sin embargo, el dinero que costó la construcción del memorial, similar al que mantienen las víctimas del nazismo o las de ETA, se pagó con dinero público. Y ahí esta la clave.
Posible delito de malversación de fondos públicos
El Tribunal de Cuentas tiene ahora la misión de investigar si el alcalde pudo cometer un delito de malversación de fondos públicos por la vía que adoptó para destruir el citado memorial.
Al tratarse de una obra costeada con fondos públicos, con un presupuesto ejecutado en un 80% y sin llegarse a inaugurar, el Ayuntamiento podría haber inucmplido la ley. Esto es lo que denuncia el abogado de la Memoria Histórica y letrado que ha firmado la demanda, Eduardo Sanz.
El letrado considera que la denuncia es objeto de tramitación, como finalmente se ha producido y ha pedido un estudio sobre la responsabilidad contable del Ayuntamiento de Madrid en la destrucción de este monumento.
