María Ángeles Barroso, ex dirigente de VOX en Las Palmas de Gran Canaria y ex tesorera del partido, habría utilizado fondos sociales destinados a la atención de menores no acompañados para financiarse un tratamiento estético de seis sesiones para su beneficio, según una querella de la Fiscalía Anticorrupción desvelada por el diario Canarias 7.
Barroso es una de las directoras de los centros de menores no acompañados que gestiona la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, a pesar de que defiende abiertamente tesis que critican la llegada de personas migrantes en situación de irregularidad, que denomina el fenómeno de "invasión", lo vincula con delincuencia e inseguridad y su atención con "buenismo".
Su discurso, cercano a VOX, le ha llevado a vincularse al partido de extrema derecha, del que llegó a ser dirigente en Las Palmas. Sin embargo, no se mantuvo en las pasadas elecciones de mayo, cuando su formación política pasó a ser Unidos por Gran Canaria, en la que pasó a presentarse como número 8 por la lista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Barroso cargaba contra las ONG que ayudan a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, a las que acusa de cometer "fraude de ley" porque considera que les da asesoramiento sobre cómo "burlar la ley", algo que añadía sobre reproches a las organizaciones sobre "el buenismo" que practican quienes llegan en pateras o cayucos.
Fundación Respuesta Social Siglo XXI
Los hechos se enmarcan en la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que se ha situado previamente en el foco de la polémica por supuestos escándalos de explotación sexual, intimidación, agresiones y racismo en el interior de sus centros en Gran Canaria.
La entidad se ha defendido en las investigaciones afirmando que colabora en todas las investigaciones abiertas por la Fiscalía y que ha entregado 24.709 páginas de facturas y comprobantes digitalizados.
Los escándalos se centran en la gestión ejercita por la directiva del Centro de Puerto Bella, un recurso que gestiona esta organización en el sur de Gran Canaria. La Fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha tomado declaración a varios ex educadores y responsables a raíz de un correo electrónico que publicó el diario El Cierre, y destinado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
En dicho mensaje, se hacía referencia a "presuntos abusos sexuales, prostitución, uso de drogas, tabaco y alcohol, conductas vejatorias y golpes violentos sufridos por menores migrantes en este centro". La Guardia Civil también investigó posibles irregularidades relativas a la seguridad, condiciones sanitarias, educativas, alimentarias y de habitabilidad para estos menores.
Por estos hechos se citaron como denunciados a los cargos de este centro: el ex director Fernando Pérez Romero, el ex subdirector y ex administrativo Omar Mohamed Graham, el ex subdirector José Jonathan Apolimario Martín, el ex director técnico Manuel Díez Sánchez, el ex técnico educativo Khalil Dkhil y el ex responsable de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, Rafael Bautista González. A ellos, se suman otros ex trabajadores en calidad de testigos.
