El juzgado de instrucción número uno de Cádiz ha abierto diligencias previas contra el concejal popular Ignacio Romaní. Según se refleja en la denuncia presentada por Podemos, el investigado habría utilizado dinero de la empresa municipal Aguas de Cádiz para realizar pagos al director de su tesis universitaria.
El caso investigado remite a la época de la popular Teófila Martínez al frente de la alcaldía. Ahora, tras el relevo de José María González 'Kichi', el caso llega a los tribunales. Y esperan que la investigación judicial aclare "en qué se gastó hasta el último euro pagado durante la etapa de la presidencia del actual concejal y portavoz del Partido Popular, Ignacio Romaní".
La denuncia parte de la alcaldía regentada por una coalición entre Podemos y Ganar Cádiz. Los consejeros de Podemos en la empresa pública interpusieron una demanda e el juzgado tras difundirse que Romaní había estado pagando hasta 42.000 euros al director de su tesis. En concreto, el profesor de la Universidad de Cádiz, Carlos Guillén, como titular del Observatorio de Responsabilidad Social de Andalucía.
La acusación aprecia serios indicios de delito
La acusación asegura que aprecia delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público y falsificación documental. "Queremos llegar hasta el final del asunto para saber el uso que tuvieron los 42.000 eros procedentes de la empresa municipal Aguas de Cádiz al Observatorio que dirigía el director de la tesis de Ignacio Romaní".
Por todo ello, el equipo de Gobierno de la ciudad ha mostrado su total colaboración hacia las autoridades judiciales "para aclarar todo este asunto ante la falta de explicaciones del propio Ignacio Romaní del pago ni de los trabajos que según dicen los papeles y las facturas se realizaron por parte del Observatorio en beneficio de la empresa municipal y del que no existe constancia en Aguas de Cádiz".
