La jueza María Elena Sancho, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, sigue con el proceso para esclarecer todas las causas y culpables que posibilitaron la caída de Julen al pozo ilegal el fatídico 13 de enero en Totalán (Málaga), y que causó su muerte. Una investigación comandada por la Guardia Civil y que, de momento tiene como foco al pocero y al dueño de la finca.
Los investigadores tratan de dictaminar el grado de responsabilidad de ambos -el pocero y el propietario de la finca-, en la construcción del propio pozo y de ciertas obras ilegales. La Guardia Civil intenta determinar si los dos pudieron incurrir en un presunto delito de homicidio imprudente, según fuentes jurídicas. Una responsabilidad penal que los podría llevar hasta los cuatro años de cárcel.
Homicidio imprudente
El proceso que trata de recabar pruebas e interrogar a diferentes testigos, desde los propios familiares de Julen hasta parte del operativo de rescate, para comprobar si ambos sospechosos eran conocedores de que el pozo estaba mal sellado y suponía un riesgo real, como se ha podido comprobar. Por lo tanto, la Fiscalía y jueza, investigarán las diferentes irregularidades que se pudieron dar en la construcción y en el posterior mantenimiento de esta prospección ilegal.
Lo que queda claro, según el informe del Seprona y de la Policía Judicial de Vélez-Málaga, es que el pozo abierto a mediados de diciembre y las obras posteriores al día de la caída de Julen carecían de permisos y autorizaciones del Ayuntamiento de Totalán y de la Junta de Andalucía. Por lo que en un principio la investigación se está centrando en el pocero y en el propietario de la finca y en su posible implicación en un delito de homicidio imprudente.
Grado de culpabilidad
El pocero, en los primeros interrogatorios de la Guardia Civil, afirmó que no solo cerró el pozo sino que pensaba que el dueño de la finca tenía todos los permisos necesarios para realizarlo. Mientras que David, el propietario, afirmó que el pocero también le dijo que estaba todo en bien y en regla. Así, los investigadores tendrán que dictaminar cual es el grado de responsabilidad penal o no de ambos.
Los agentes de la Guardia Civil expresan en su investigación que en aquella reunión familiar -ni en la propia obra-, no se tomaron las medidas necesarias para evitar el fatídico accidente y, de ahí, la posibilidad de haber cometido un delito de homicidio imprudente. Sin embargo, esta hipótesis y otras las determinará la jueza después de concluir todas las indagaciones.
Fuentes de la investigación tienen claro que el propietario de la finca organizó una comida familiar sin poner distintas medidas de seguridad alrededor de una obra ilegal -a pocos metros del pozo- para evitar el desastre. Sin embargo, queda por investigar si sabía o no que el pozo estaba cerrado. Mientras, los agentes tienen más dudas a la hora de la responsabilidad penal del pocero, ya que él a priori no tiene culpa que el dueño realizará una obra que pudo mover la roca que tapaba el pozo, con la salvedad de que tuvo que realizar un sellado hermético del mismo.
