En el momento que se reveló que Carlos Mazón no se presentó hasta las 20:28 en la reunión de emergencia con motivo de la Dana, el presidente de la Generalitat tuvo que poner en duda su propia versión de los hechos del día 29 de noviembre. Tras las actualizaciones de los últimos meses, ahora se encarga de los hechos una juez de Catarroja para desmontar las mentiras del gobierno valenciano.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha imputado ya a los dos primeros cargos políticos, la ex consejera de Interior, Salomé Pradas, y el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quienes serán investigados por su responsabilidad frente a la emergencia climática de ámbito autonómico.
La magistrada ha vuelto a rechazar la imputación de Carlos Mazón, sin embargo, le ha invitado a declarar como investigado de manera voluntaria y hace hincapié en su investigación en la "inactividad" de la Generalitat, dejando de lado el intento de la Generalitat de culpar al Gobierno central.
La Dana no fue imprevisible
Uno de los principales puntos que la juez ha desmontado es la idea de que el fenómeno meteorológico fue imprevisible. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó con días de antelación sobre la magnitud de la tormenta y emitió una alerta roja desde primeras horas del 29 de octubre. De hecho, la Universitat de València suspendió sus actividades en previsión del temporal. "La DANA no fue un fenómeno inesperado", recalca el auto de la juez, subrayando que el problema radicó en la falta de reacción por parte del gobierno autonómico.
La juez también ha desmentido la versión del "apagón informativo" que ha defendido la Generalitat. A su juicio, la alerta enviada a los móviles a las 20:11 horas fue tardía e insuficiente. Además, las 19.821 llamadas de auxilio recibidas por el 112 a lo largo del día evidencian que el peligro era patente mucho antes de que se activaran los protocolos de emergencia.
La gestión de la crisis
Otro punto clave en la instrucción es la responsabilidad sobre la gestión de la crisis. Frente a los intentos de la Generalitat de cargar la culpa sobre la Delegación del Gobierno, la magistrada ha sido tajante: la dirección única de la emergencia recaía en la Conselleria competente en Protección Civil. Esto refuerza la tesis de que la Generalitat tenía plena capacidad para actuar sin necesidad de esperar el consenso del CECOPI.
Finalmente, el retraso en la convocatoria del CECOPI es otro de los aspectos que refuerzan la acusación de negligencia grave. La magistrada considera que la reunión debería haberse celebrado por la mañana y no a las 17:00 horas, dado que el peligro era evidente desde el inicio del día. La instrucción sigue en curso, pero el auto ya deja claro que hubo una falta de reacción que podría tener consecuencias penales para los responsables.
