Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha lanzado duras críticas a la investigación que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante una entrevista en 'El Intermedio', el jurista calificó la instrucción del juez Juan Carlos Campo Hurtado como "destructiva" y "sin encaje en el modelo constitucional".
????? @andrearopero charla con Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sobre la imputación de García Ortiz. #elintermedio pic.twitter.com/DNgyfjgMp3
— El Intermedio (@El_Intermedio) January 29, 2025
A su juicio, el instructor está empleando "el viejo sistema inquisitivo", en el que se parte de una sola hipótesis y se busca confirmarla a toda costa.
El caso se centra en la presunta filtración de un correo electrónico que contenía la confesión de fraude fiscal de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz negó ante el Supremo haber sido el responsable de la divulgación, pero la investigación continúa.
Para Andrés Ibáñez, la situación es "una catástrofe" no solo por el desarrollo del proceso, sino por las implicaciones que tiene en la credibilidad de la justicia.
El magistrado señaló que la cronología de los hechos desmonta la acusación contra el fiscal general. Recordó que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, manipuló la información al atribuirle a la Fiscalía una oferta de pacto que, en realidad, había sido propuesta por el propio González Amador para eludir la cárcel.
La posterior nota aclaratoria de la Fiscalía, lejos de constituir un delito, era una respuesta necesaria a una tergiversación de los hechos.
Las filtraciones vulneran la presunción de inocencia de González Amador
En su auto del 15 de octubre, el Tribunal Supremo indicó que dicha nota "no es criminalizable". Sin embargo, también se planteó que la filtración del correo podría haber vulnerado la presunción de inocencia de González Amador.
Andrés Ibáñez ha calificado este argumento como inconsistente, ya que fue el propio acusado quien comprometió su derecho a la defensa al intentar pactar con el fiscal.
Otro aspecto que el magistrado cuestiona es la "falta de fundamentación" en las decisiones del juez Hurtado. "¿Cuál es la razón para optar por una medida tan extrema como allanar los despachos de dos fiscales donde se maneja información extremadamente sensible?", se pregunta.
Para Andrés Ibáñez, la imagen que se proyecta es devastadora: "Se está entrando en las oficinas de los fiscales generales como si fueran las guaridas de los narcotraficantes". Una situación que, a su juicio, socava la confianza en el sistema judicial y en el Estado de derecho.
