Supuesto fraude en las ayudas públicas que el Govern catalán concede en el ámbito del deporte. Es la investigación que se está llevando a cabo y en la que, de momento, han sido detenidos el secretario general de deportes de la Generalitat, Gerard Figueras (PDeCAT) y otras tres personas más entre las que se encuentra el exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Víctor Terradellas. A pesar de que este último no tiene ningún cargo institucional, es el responsable de dos de las fundaciones que recibieron fondos públicos bajo investigación, Igman y Catmón.
El juez Joaquín Aguirre ha enfocado las pesquisas hacia la Generalitat, en concreto a la secretaría del deporte, que depende de la conselleria de Presidencia, y a la sociedad pública Equacat, que gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels (Barcelona). Este atribuye a los cuatro detenidos los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. "Hablamos de corrupción pública imbricada profundamente en el seno de la Administración catalana en la que muy probablemente han participado también políticos".
Las conversaciones telefónicas, el punto clave
Terradellas es uno de los investigados por malversación desde el inicio del caso. Fue detenido y puesto en libertad en una operación en mayo de 2018, en la que el juez ordenó el volcado de su móvil. De ahí afloraron los mensajes que envió a Carles Puigdemont pero también a Figueras, y que han dado pistas a los investigadores.
Como informa El Diario, en el intercambio de mensajes, entre enero y marzo de 2018, Terradellas insiste a Figueras para desbloquear el desembolso de fondos públicos para un proyecto de las fundaciones en Bosnia. En 2018, Catmón solicitó financiación por valor de 182.335 euros a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACDD) y 52.634 euros al Consejo Catalán del Deporte.
Las intervenciones telefónicas son, por ahora, la principal prueba de la que dispone el juez. Los investigadores, sin embargo, ignoran por el momento el destino final de los fondos que presuntamente desviaron y si sirvieron para el enriquecimiento personal de los investigados, para financiar al PDeCAT e incluso para sufragar gastos del procés.
En un auto, el juez Aguirre apunta a que "se aprecia un hilo conductor" en todas las subvenciones y convenios firmados por Generalitat y Diputación con las dos fundaciones afines a Convergència, que no es otro que "la carencia de los requisitos formales necesarios para otorgar las subvenciones".
Todas las subvenciones bajo sospecha
El magistrado pone bajo sospecha todas las subvenciones otorgadas a Catmón por Diputación y Generalitat en los últimos años, que ascienden a dos millones de euros. Tras analizar la documentación incautada en el registro de la sede de Catmón, Aguirre sostiene que la actividad de la fundación "no revela una intensa actividad cooperativa internacional" que justifique los dos millones en subvenciones.
"Estamos sorprendidos de que aparezca nuestro nombre. Lo tenemos todo en regla y hemos sido muy escrupulosos al pedir subvenciones", explicaban fuentes de la plataforma que apoya el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas.
El PDeCAT aseguró en un comunicado, que "no tiene nada que ver con ninguna práctica de financiación irregular", y que "no puede haber ninguna prueba que pueda implicar directa o indirectamente" al partido.
