La Interpol ha solicitado a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) que detenga de forma inmediata al mercader de armas Abdul Rahman El Assir que desde 2019 se encuentra en búsqueda y captura internacional por no presentarse a un juicio por defraudar 14,7 millones de euros a la Hacienda española, según informa El País.
El paradero de este comerciante de armas era desconocido hasta que una investigación del citado diario revelara que el mercader, perseguido tanto por la justicia española como la francesa, se esconde en Abu Dabi y visita con frecuencia al rey emérito en su residencia privada, según varios testigos presenciales.
La orden de la Interpol ha sido tramitada por la oficina de esta organización en Madrid después de que la Brigada de Fugitivos de la Policía Nacional activase los canales de cooperación internacional tras conocer la investigación de El País. Asimismo, la oficina de la Interpol en la capital de los Emiratos Árabes Unidos ha trasladado ya la notificación a la Policía de ese país.
Una relación de más de 30 años
La relación entre el rey Juan Carlos y Abdul Rahman El Assir es pública y se remonta a los años 80. Según uno de los testigos que confirmó el citado medio, las visitas del comerciante huido de la justicia al rey emérito, el mercader podría haber estado utilizando estos encuentros como "escudo" antes sus causas judiciales.
Al ser preguntados por estos asuntos, la Casa Real prefirió no hacer ningún tipo de declaración, aclarando que las actividades privadas del rey Juan Carlos no dependen de su institución. Por otra parte, el abogado del monarca, Javier Sánchez Junco, también rechazó hacer cualquier tipo de declaración.
Abdul Rahman El Assir, también perseguido por la Justicia francesa, fijó su residencia en Suiza durante sus últimos años, país al que debe 2,2 millones de euros en impuestos. En España, la acusación popular considera que el mercader ocultó sus ganancias de más de 31 millones de euros, al igual que no realizó la declaración de la renta, motivo por el que pudo no pagar 12,03 millones de euros en 2002 y otros 2,7 millones de euros al año siguiente.
En nuestro país, el comerciante tenía que haberse presentado en el Juzgado de la Audiencia Provincial de Madrid el 4 de octubre de 2018, cita a la que no se presentó. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han declarado que "la orden de detención sigue vigente" por lo que "cuando se localice" se le pondrá a disposición de los jueces.