El Ministerio de Interior utilizó fondos reservados para sobornar en 2014 a Sergio Ríos Esgueva, chófer de Luis Bárcenas. Su plan se basaba en recuperar documentos y grabaciones sobre el extesorero del PP, el vicesecretario general Javier Arenas, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general María Dolores de Cospedal.
A pesar de que Bárcenas se encontraba en la cárcel por el caso Gürtel, Moncloa encargó a Interior que utilizaran un operativo policial para rescatar los documentos que se había llevado de la sede del PP en Genova. Al parecer, esa información se podía usar para chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos abrieron unos meses atrás una investigación centrada en este operativo policial que había sido financiado con fondos reservados, y los informes obtenidos que confirman la función de topo policial del chófer serán entregados a la Audiencia Nacional.
Villarejo, protagonista de esta operación
Según fuentes de Asuntos Internos, los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño dirigían este dispositivo para recuperar la comprometida documentación en manos de Bárcenas. Villarejo era quien pagaba en mano 2.000 euros mensuales de los fondos reservados facilitados por sus superiores. Este dinero procedía de los presupuestos generales del Estado destinados a combatir el crimen organizado y el terrorismo, según publica OKDiario.
Villarejo, actualmente en prisión, es protagonista de numerosas operaciones de espionaje desveladas en sus famosos audios e, involuntariamente, desveló estos pagos cuando los policías de Asuntos Internos encontraron en su casa facturas y recibos firmados por Esgueva. Además, tras su detención en 2017, encontraron cintas con grabaciones en su vivienda en las que aparecen registrados los encuentros del comisario con sus superiores que confirmarían los sobornos al conductor.
Además de ambos comisarios, están siendo investigados otros mandos de la cúpula de la Policía porque, según la documentación obtenida, la operación incluiría una red paralela que seguía investigando, extrajudicialmente, a Bárcenas y su familia.
Los agentes de Asuntos Internos creen que la operación policial secreta para recuperar esta documentación contaba con la aprobación del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.
La localización de los documentos
Al parecer, el objetivo principal era robar los documentos que Bárcenas se había llevado de la sede del partido, y utilizaron al chófer para que les desvelara dónde estaban escondidos. El taller donde trabajaba Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, fue el lugar donde Esgueva les confirmó que estaban.
Esta operación contra Bárcenas, financiada con dinero público, es un hecho muy grave teniendo en cuenta que se trata de un partido político, que ya estaba siendo investigado por corrupción, satisfaciendo sus propios intereses. Pues el fin del Ministerio de Interior no era localizar esas pruebas para judicializarlas, sino retirarlas de un posible proceso legal.
