El Ministerio del Interior ha abierto una investigación para esclarecer la presencia de unas comisarías clandestinas del régimen chino que estarían operando en España (llamadas oficialmente 'Estaciones de Servicio de Policía en el Extranjero'), en concreto nueve. Nuestro país cuenta con el mayor número de oficinas abiertas en todo el mundo, que la ONG holandesa Safeguard Defender contabiliza en 54 repartidas en una treintena de países diferentes.
Este tipo de oficinas están camufladas como restaurantes, tiendas y asociaciones de ciudadanos, y tienen como objetivo 'persuadir' y forzar a disidentes y supuestos delincuentes nacionales para que regresen a China y sean juzgados por las autoridades de Pekín. Es altamente frecuente que quienes terminan en este tipo de comisarías sean simples activistas o disidentes del régimen, a lo que se suma otro problema que denuncia la ONG neerlandesa: "El uso de métodos irregulares socava cualquier proceso y los derechos de los sospechosos".
En Cataluña, por ejemplo, hay dos en Barcelona y una en Manresa, según explicó a TV3 Peter Dahlin, máximo responsable de la citada organización. El objetivo de este tipo de centros, en todo caso, se encuentra en saltarse todos los trámites de extradición. El reparto de las oficinas, según el diario El Mundo, es el siguiente: tres en Madrid, tres en Barcelona, dos en Valencia y una en Santiago.
Repartidas a nivel internacional
Este tipo de comisarías se sitúan especialmente en Europa, aunque también se han localizado en ciudades como Nueva York, Toronto, Sao Paulo, Buenos Aires o Tokio. Las autoridades chinas niegan su existencia y aseguran que poseen puntos de contacto destinados a ayudar a los ciudadanos de su país para realizar tareas administrativas.
El gobierno de Xi Jinping ha diseñado diversas operaciones para lograr que los ciudadanos chinos con causas pendientes con la justicia regresen a su país para ser procesados, según varios medios de comunicación. Según la prensa oficial del gigante asiático, solo entre abril de 2021 y el pasado mes de agosto, los agentes del país habrían logrado "persuadir" a 230.000 personas, sobre todo acusadas de llevar a cabo estafas telefónicas, de que vuelvan a China, resolviendo 594.000 fraudes e impidiendo la transferencia de unos 81 millones d euros procedentes de 109 millones de víctimas.
"Estas operaciones evitan la cooperación policial y judicial bilateral oficial, violan el estado de derecho internacional y la integridad territorial de terceros países involucrados en el establecimiento de un mecanismo policial paralelo utilizando métodos ilegales", ha asegurado Laura Harth, coautora del informe.
Investigación en el extranjero
El caso de estas comisarías ya se está investigando en otros países. Irlanda, por ejemplo, ha ordenado el cierre de una comisaría dirigida por las autoridades de Fuzhou, que operaba en el centro de Dublín. El gobierno irlandés argumenta que no se habían solicitado los permisos correspondientes.
En Holanda, por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha asegurado en un comunicado que la comunidad china del país ha experimentado "señales regulares" de "intimidación y amenazas en relación con su opinión o actividades con respecto a su país de origen".
En Canadá o Estados Unidos también se están abriendo investigaciones por parte de las autoridades para esclarecer el funcionamiento y cerrar, en caso de que sea necesario, este tipo de comisarías que operan bajo el paraguas del régimen chino.
