El Gobierno autonómico de Ayuso lo ha vuelto ha hacer. Lo que comenzó con las protestas de los sanitarios de las Urgencias Extrahospitalarias, siguió con los médicos y pediatras de atención primaria, con los trabajadores de los hospitales, los sindicatos y los operadores del centro de llamadas del SUMMA 112 y, ahora, con los técnicos superiores de Salud Pública.
Los también llamados 'inspectores de Sanidad', han interpuesto una demanda contra la propuesta de reorganización de la Consejería de Sanidad, que los trasladaría a un solo edificio en la capital. Según ha podido saber Radio Madrid, los inspectores han solicitado a un juzgado madrileño medidas cautelares para frenar la decisión de la Consejería que, a su juicio, socavará la eficacia de la inspección alimentaria y ambiental y perjudicará la salud de todos los madrileños.
"Es un auténtico disparate. Desde el punto de vista técnico, porque dificulta nuestras actuaciones y desde el punto de vista económico porque se van incrementar notablemente los costes que supone para la ciudadanía", ha declarado Rafael Roca, uno de los técnicos afectados por esta decisión.
Estos expertos están actualmente divididos entre unidades en todo el territorio de la Comunidad. Controlar la seguridad alimentaria, verificarla en restaurantes, colegios, centros de mayores y hospitales, así como gestionar la calidad del agua, son algunas de sus medidas de prevención para la protección de la salud pública. Sin embargo, a los inspectores les preocupa que el nuevo modelo centralizado dificulte la realización de inspecciones de rutina de negocios o el control de enfermedades en los municipios ubicados más alejados de la capital. Consideran que las modificaciones que se van a aplicar pueden provocar un aumento de las infecciones a lo largo de la comunidad autónoma, además de que supondrá un aumento en la inversión pública.
"El cambio fundamental es hacer desaparecer estas unidad técnicas y centralizar a todo el personal y a todos los medios técnicos en una única ubicación en el municipio de Madrid. No hay que ser una persona muy inteligente para saber que disponer de un mayor número de oficinas repartidas a lo largo de toda la Comunidad de Madrid va a hacer que el traslado a estos establecimientos sea infinitamente mas rápido y ágil", añadía Roca.
La respuesta de la Consejería
Si bien, según estos técnicos, el traslado ya está en marcha y ya hay unidades que comienzan a desmantelarse, la Consejería aún no ha dado una fecha concreta de cuándo se completará. Por ello, han optado por dejar el caso en manos de un abogado que el martes presentó medidas cautelares.
Según la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad, se ha venido trabajando "en la reorganización de la estructura y en dotarla de más recursos para adaptarla a las necesidades actuales y previstas a mediano plazo".
Fuentes de este departamento señalan que la reorganización pasa por "integrar a los profesionales que desarrollan idénticas funciones" en un mismo centro lo que, a su juicio, "permitirá un mayor conocimiento de su área de trabajo, una mayor especialización y uniformidad de criterios en la actuación de cualquier municipio de la Comunidad de Madrid".
