El pasado martes 17 de diciembre tuvo lugar el juicio para el desahucio de Dolores Rosales, una vecina de Santa Cruz de Tenerife de 91 años. El asunto deberá resolverlo el Juzgado de Primera Instancia número 4, a raíz de la demanda que interpuso Satyani, la propietaria del inmueble.
Dolores lleva viviendo en aquella casa desde que tenía 8 años, una casa que confluye con las calles Candelaria y Santo Domingo, en el centro histórico de la capital tinerfeña. A lo largo de las décadas, la ahora nonagenaria fue pagando un alquiler en base a un contrato de renta antigua con diferentes arrendadores. En 2003, Satyani compró el inmueble y decidió prorrogar el contrato de arrendamiento a Dolores.
Según El Día, la hija de la inquilina ha comentado que desde entonces no ha habido ninguna reforma o mantenimiento en el domicilio de su madre, pero en mayo de 2018 le enviaron un primer requerimiento para que abandonara el piso por "obras de acondicionamiento",solicitud que respondió inmediatamente la inquilina.
Seis meses después, Dolores volvió a recibir un requerimiento, en el que la empresa amplió los motivos para pedirle el desalojo. Insistían en que debía abandonar el domicilio para que se efectuaran trabajos de mejora, aunque debería abonar una cantidad de dinero. Le reclamaron el pago de diez años de alquiler con el precio actualizado. No obstante, posteriormente lo redujeron a los últimos cinco años, aunque también requerían la liquidación del IBI y la tasa de basura de la última década.
Según la hija, "la reclamación del último lustro de renta ya fue ingresada en la cuenta facilitada por la empresa de inversiones", como consta en los justificantes bancarios, y a día de hoy la anciana está al corriente del pago del alquiler. Aclara que el conflicto se centra en el abono de la tasa de basura y del IBI, que no aparecía en el contrato original por la antigüedad. Añadió que su madre solo tiene alquilada la parte alta del edificio, "mientras que en la parte baja existe un bar que supuestamente está arrendado por la sociedad propietaria".
La inmobiliaria reclama dinero
En septiembre se notificó a Dolores Rosales acerca de la demanda del desahucio, y se estableció una fecha de lanzamiento: el 13 de noviembre. En aquella ocasión la vista fue suspendida y se estableció un nuevo juicio en diciembre.
En el juicio, que ya ha tenido lugar, los abogados de Dolores han alegado que ella ha pagado lo que le corresponde, mientras que el inmueble reclama que pague cantidades supuestamente adeudadas a lo largo de los años. La mujer, que compareció en silla de ruedas, no pudo reprimir las lágrimas al concluir la sesión. Ahora el juez decidirá si Dolores debe abandonar la que ha sido su casa desde los 8 años, y si así fuera, debería marcharse antes del 17 de enero.
Además, cabe resaltar que una familiar de Satyani, la inmobiliaria que ha llevado a Dolores a juicio, Renua Satyani, fue detenida el pasado día 3 por la Policía Nacional por presuntos delitos de amenazas, lesiones y obstrucción a la Justicia. La empresaria habría acudido con tres hombres a una cita con otro inversor y el abogado del mismo para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, tras sacar al letrado de la sala de reunión, un matón propinó un golpe al empresario, que había puesto una demanda contra Satyani por una supuesta deuda. Supustamente, Renuka habría amenazado a la víctima, a su familia y a otro hombre que también reclama dinero.
