Dos años de inhabilitación. Esa ha sido la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha impuesto al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por un delito de desobediencia al permitir la consulta independentista del 9-N.
Por otro lado, el tribunal también ha inhabilitado para ocupar cualquier cargo público a la exvicepresidenta Joana Ortega -un año y nueve meses- y a la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau -un año y seis meses-, también por los delitos de desobediencia y prevaricación, pero en su caso como colaboradoras necesarias.
La Justicia también ha querido absolver a los tres por el delito de prevaricación administrativa. Los tres condenados, que ya han anunciado su intención de recurrir la sentencia, han tenido una pena lejos de los 10 años que pedía la Fiscalía para Artur Mas y de los 9 que solicitaba para Rigau y Ortega.
Además, todos deberán pagar una multa de 36.500 euros para Mas, otra de 30.000 para Ortega y otra de 24.000 para Rigau.
La consulta del 9-N
La sentencia viene a dirimir la responsabilidad del gobierno catalán sobre la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, que el Tribunal Constitucional mandó paralizar.
En el auto, se acusa al entonces presidente, Artur Mas, de favorecer desde la institución el referendum, con algunos trabajos de promoción o la apertura de los centros escolares públicos para realizar la consulta.
Durante la instrucción, se han evidenciado algunos encargos relacionados con el proceso realizados después del 4 de noviembre, fecha en la que el Constitucional mandó paralizarla.
Por su parte, los acusados se han defendido alegando que la Generalitat se desentendió del proceso y dejó que todo se desarrollase por parte de voluntarios. Una tesis que, paradójicamente, no defendió el entonces consejero de Presidencia, Francesc Homs, que aseguró que la consulta era "legal" y que la resolución del Constitucional era "inconcreta". Sobre Homs aún no se ha emitido sentencia, pero permanece encausado en el mismo proceso judicial.
Durante la celebración de dicho referéndum, votaron hasta 2,3 millones de personas y el resultado fue un abrumador 80,7% a favor de la secesión de Cataluña del resto de España.
Reacciones
Por el momento ya se han producido algunas reacciones. El portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha asegurado que el fallo de la Justicia es "indigno y antidemocrático" y lo ha atribuido a la voluntad del Estado de "usar los juzgados para intentar parar un proceso político.
Por su parte, Mireia Boya concejala por la CUP, ha asegurado en twitter que "nos han inhabilitado a todos" y ha calificado el fallo como un "estado de excepción". Ante ello, ha propuesto como "única salida", la celebración de un "referéndum unilateral".
Desde el PSC, el secretario de Organización Salvador Illa ha celebrado que la pena sea la múnima prevista y que haya posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo. Además, ha pedido que no se juidicialice la política y que se resuelvan las diferencias con diálogo.
Más beligerantes han sido desde Ciudadanos. Carlos Carrioza ha asegurado que en "España no se procesa a nadie por sus ideas" y ha aprovechado para pedir elecciones anticipadas a Puigdemont ante el encontronazo que supone el fallo.
Por su parte, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha celebrado la sentencia y ha asegurado que "el estado de derecho y la democracia están funcionando en nuestro país". Albiol ha querido considerar que el fallo es "muy duro para Convergència, el Govern de la Generalitat y los propios afectados".
