El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se plantea como una red de apoyo para las capas más vulnerables de la sociedad que, sin embargo, presenta resquicios. Solo el 5% de las personas sin hogar llegan a percibirlo. Además, existen importantes problemas de desconocimiento y barreras de acceso para llegar a esta ayuda.
Muchos potenciales usuarios no llegan a esta ayuda porque creen que se les denegaría o porque desconocen su existencia.
Si se ampliase esta cobertura a todas las capas necesitadas, se tendrían que invertir 130 millones de euros, una cantidad muy pequeña en relación a los 4.300 millones de 2023 y, además, permitiría una importante reducción en la desigualdad para un colectivo fuertemente vulnerable, según especifica un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda.
Entre las barreras de acceso a mejorar, se destaca la elevada documentación que se exige a muchas familias solicitantes para acceder a la ayuda y se solicita mayor asesoramiento, ante un hecho que representa una barrera de obstáculos y que puede suponer el primer escalón para una persona en situación de sinhogarismo.
Ingreso Mínimo Vital
El IMV fue concebido en un contexto de emergencia derivada de la pandemia del coronavirus, como una ayuda ante el contexto de confinamientos y el riesgo de que gran parte de la población se pudiera ver en repentina situación de vulnerabilidad extrema.
Esta ayuda, por ello, es compatible con otros ingresos si no se rebasan otras cuantías. Sin embargo, la urgencia en su diseño derivada de la crisis sanitaria en que fue realizada dejó algunos resquicios, como limitaciones en su alcance que fueron en parte arreglados con una flexibilización. En un primer momento no se permitía el acceso a personas sin hogar.
El INE elaboró 'Encuesta sobre personas sin hogar', relativa a 2022, en la que estima que hay más de 30.000 personas en España en este escenario y que más del 90% cumplen los requisitos para cobrar el IMV, sin embargo, no lo perciben.
Ocurre la misma situación con las rentas mínimas de inserción que ofrecen las Comunidades Autónomas, que no percibe el 86% de los encuestados, que en definitiva no accede a ninguna de las ayudas ofertadas.
El 12% de las personas en esta situación no las solicita por desconocimiento, el 56% cree que no cumple con los requisitos, en ambos casos está relacionado con falta de información y, estos datos, concuerdan en otros países entre los estratos más vulnerables de la sociedad.
Algunas autoridades han instado a mejorar la capacidad del IMV para mejorar su efectividad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha concluido que solo el 35% de los potenciales perceptores cobró la ayuda en 2022.
Si todos los potenciales perceptores cobrasen el IMV se experimentaría una reducción en el coeficiente de Gini, desde el 0,625 actual hasta el 0,503 (0 es la igualdad extrema y 1 la desigualdad absoluta), un importante margen.
