La investigación sobre la financiación ilegal del PP en Madrid llevaba por el juzgado 6 de la Audiencia Nacional sigue dando sus frutos. Esta vez a los casos Púnica y Lezo les llega una realidad, según los investigadores de la UCO: el informe certifica que el Partido Popular financió ilegalmente la campaña de Esperanza Aguirre en 2011 en un montante que supera el millón de euros en negro.
La UCO en su nuevo informe deja aún más patente el uso fraudulento de fondos públicos por parte del PP, según informa La Ser. En él, demuestra que, el partido político liderado por Pablo Casado, desvió ilícitamente y falseo subvenciones abonadas a la fundación Fundescam para costear un acto de las Nuevas Generaciones e, incluso, llegar a pagar la cena de Navidad del propio Partido Popular.
Cenas navideñas con dinero público
La realidad es curiosa y puede que hasta aterradora de hasta qué punto ha llegado la corrupción y el despilfarro en el PP de Madrid. La UCO prueba que desde la Fundación Fundescam se desvió una subvención pública que iba a evaluar ciertos aspectos de la crisis en los municipios de Henares y de la zona norte de la Comunidad; sin embargo, ese dinero -unos 40.000 euros- se destinó a realizar encuestas electorales del Partido Popular.
Ignacio González, el ex presidente de la Comunidad de Madrid, era el encargado por aquella época de aprobar y vigilar todas las subvenciones de la Fundescam; de hecho, según la UCO se desviaron ilícitamente desde la Fundación unos 200.000 euros para la campaña electoral que, iban destinados a "difundir el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la CAM", según informa La Ser.
Eludir impuestos
El informe va más allá y acusa al Partido Popular de diversificar el pago -de forma ilícita- entre varias empresas para pagar menos impuestos; incluso, la utilización de sociedades tapaderas para oculta el trasiego de facturas. Además, apunta entre sus culpables a Francisco Granados, Beltrán Gutiérrez o Borja Sarasola.
El caso Leto hace referencia a la investigación del uso corrupto por parte del aparato político del PP de la empresa pública Canal de Isabel II y, como se desviaron fondos públicos a las cuentas particulares del partido. Mientras, el caso Púnica, se trata de una investigación de toda la trama de corrupción municipal en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos en Madrid, Murcia, León y Valencia.
