En ciencia se llama "profecía autocumplida" a aquel sesgo mediante el cual el investigador llega a los resultados que previamente deseaba obtener. En un proceso de influencia más o menos intencional, la investigación se dirige en una dirección deseada. Bruselas ha entrado en conflicto con este proceso: en 2014 la Comisión Europeaencargó un informe valorado en más de 300.000 euros a la compañía Ecory, a fin de mostrar que la piratería tenía una influencia negativa sobre el negocio cultural. Sin embargo, Ecory llega en su informe a la conclusión opuesta a la esperada, y el organismo europeo ha decidido no difundir los resultados.
El informe concluye, a través de un análisis estadístico, que no hay suficientes pruebas para afirmar que la piratería suponga una merma para el negocio cultural. Indica claramente que no se niega la influencia de la piratería en la industria cultural, pero no existe base científica, según la metodología desarrollada, para afirmar que este sea un impacto negativo.
El informe oculto
El informe final ha sido difundido por Julia Reda, parlamentaria europea Partido Pirata, pero no por los organismos oficiales por el momento. Entrando en detalle en el análisis, parece que el sector cultural que sí se encuentra claramente perjudicado por la piratería es el del blockbuster. Los taquillazos tienen un fuerte impacto en su recaudación cuanto mayor es el grado de descargas ilegales en la red. Sin embargo, hay otros como el de los videojuegos, que no parecen experimentar ese impacto negativo
A pesar de que el documento presentado cuente con una extensión de 300 páginas, y que la metodología desarrollada cumpla con los estándares necesarios en la investigación social, posiblemente la relación entre piratería e industria precise de más acercamientos al campo de estudio. Sin embargo, la no difusión de estos datos está realizando un flaco favor a la comunidad científica.
Es comprensible el sentido estratégico con el que la UE solicitó este informe, y la contrariedad que generan las conclusiones expuestas. Sin embargo, si el ánimo de la comisión fuese más allá de simplemente generar discurso político, la difusión de resultados sería una obligación.
La ciencia se nutre de los resultados de la investigación previa para avanzar en un camino de desarrollo. Ocultar el informe supone la pérdida de los 300.000 euros que costó su factura, y también de la pérdida de tiempo y dinero del siguiente grupo de investigación que se trate de acercar a este fenómeno y repita los pasos dados por Ecory simplemente por no disponer de su investigación de manera pública.
