La Guardia Civil ha dirigido un informe al juez de Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que han emitido sus conclusiones en torno a la instrucción de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Según la Policía Judicial, el govern de Carles Puigdemont se dedicó a financiar a las entidades soberanistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana para "sembrar un sentimiento de odio" a España para alcanzar un objetivo: la ruptura del orden constitucional y la independencia de Cataluña.
En el informe también se señala que los planes se organizaron en todo momento desde la propia Generalitat, que intentó crear "una auténtica maquinaria de adulteración social" con el fin de sumar apoyos a la causa independentista.
El documento continúa con sus conclusiones y señala que los planes de Carles Puigdemont han provocado que la autonomía termine llegando a una situación crítica, fomentando un "permanente clima de confrontación social e inseguridad jurídica", según el informe al que ha tenido acceso OKDiario.
Ese clima de inestabilidad e inseguridad jurídica no habría sido un daño inesperado: la Generalitat buscó una auténtica crisis política para obligar a La Moncloa a negociar las condiciones de la secesión.
Todas estas conclusiones llegan tras el análisis de los investigadores del documento considerado como la auténtica hoja de ruta del soberanismo, EnfoCATs, que fue hallado el pasado mes de septiembre durante el registro de la vivienda del número 2 de Junqueras, Josep María Jové.
Jové formaba parte de la administración de Carles Puigdemont y ejercía el cargo de secretario general de la Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña.
Dañar la imagen de España y desestabilizar la economía
La Policía Judicial también señala que la Generalitat aplicó a la perfección un cuidado plan para provocar "un conflicto político orientado a generar inestabilidad política y económica", así como enfocado a "dañar la imagen exterior de España" con el fin de sumar apoyos a nivel internacional.
Los investigadores también señalan que el Govern antepuso el procés al interés general generando "un clima de inseguridad jurídica, fuga de capitales y empresas, con incertidumbres económicas que en nada han ayudado a atraer inversiones, como la Agencia Europea del Medicamento, con contracción del PIB o con reducción de las tasas de ocupación turística y empleo". Y destacan especialmente las pasadas huelgas generales convocadas por el independentismo el pasado 3 de octubre y el 8 de noviembre.
También se destaca que el propio Raül Romeva, exconseller de Asuntos Exteriores, intentó crear grupos de presión para forzar al diálogo por parte del gobierno central. El juez continúa instruyendo la causa contra los miembros del exGovern por los delitos de malversación, sedición y rebelión.
