La sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a los bancos a pagar el impuesto sobre las hipotecas (llegando a plantear la posibilidad de aplicar esta medida a nivel retroactivo), ha sido finalmente anulada. La crisis se abrió el pasado día 18, aunque a las pocas horas, el presidente de la Sala de lo Penal anunciaba la convocatoria de un pleno para analizar con más detalles una medida que ponía fin a 20 años de jurisprudencia.
¿El motivo? La crisis abierta dejó una fuerte repercusión en los mercados. El Ibex 35 cerró aquella jornada del 18 de noviembre con una pérdida del 1,2% y dejó un descenso meteórico en algunos valores. Unos movimientos que han sido criticados por presunta dependencia del poder judicial frente al económico, así como inseguridad jurídica, que comentaremos al final del artículo.
El sector más afectado fue, sin duda, la banca. Al cierre de aquella jornada, el Sabadell perdía un 6,7% de su valor, Bankinter un 6,27% o Bankia un 5,11%. Un suma y sigue que se une a la pérdida de los 9.000 puntos el pasado 6 de noviembre como consecuencia de la carrera a las elecciones en Estados Unidos y la volatilidad de algunas empresas como DIA.
¿Cómo afectan todos estos movimientos? A nivel general, el 27% de los valores pertenecen a varias familias, que notarían la devaluación de manera inmediata. Pero, con el tiempo (se estima siempre un período de entre seis y nueve meses), el efecto de caída llegaría al público general. Cuando hay descensos, el movimiento de dinero se congela y, a la larga, disminuye la producción e inversión. ¿Las consecuencias? Menor financiación para proyectos empresariales, mayor paro, menor recaudación de impuestos porque la banca ofrece menos créditos y, por ende, dificultades para continuar con la recuperación económica.
Es indudable que la presión de los mercados ha sido inmediata desde que se inició este debate en el Supremo. A pesar de todo, los resultados han sido bastante ajustados: 15 magistrados a favor frente a 13 en contra.
Una subida fuerte e inmediata
La sentencia del Supremo ha provocado un aumento significativo en la bolsa. Este miércoles 7 de noviembre, el selectivo español sube un total de 1,52% y se encuentra por encima de otros selectivos como el Dow Jones.
El resultado es importante. El parqué madrileño supera nuevamente la barrera psicológica de los 9.000 puntos (9.125), aunque continúa alejado de la época dorada de la economía, los últimos años de la bonanza en la que nos encontrábamos por encima de los 11.000.
Esta subida a nivel general también se replica en algunos valores. De hecho, todos las entidades, con la excepción de Bankia, han recuperado todo lo perdido desde el 17 de octubre. El valor más destacado es Banco Sabadell, que ronda el 5,7% en tan solo unas horas.
La banca y el temor a una nueva crisis mundial
La caída del Lehman Brothers el pasado 15 de septiembre de 2008 fue el inicio de una crisis económica que ha durado una década. Nadie olvida esta circunstancia y la situación de los bancos en bolsa preocupa y mucho.
Este mantra se ha recordado en los últimos años. En 2016, varios analistas alertaron del peligro de una nueva crisis y para ello se aferraron, entre otros factores, a las dudas sobre el sistema bancario europeo.
En este sentido, la situación en Europa es llamativa. En 2015 Deustche Bank presentó pérdidas históricas de 6.700 millones y sus acciones se situaron a nivel de 1999. En Italia hay hasta 200.000 millones cedidos en créditos dudosos de recuperar que han llevado a que el Ejecutivo transalpino se plantee pactar un rescate similar al que ya se vivió en España.
En nuestro país, destaca la quiebra del Banco Popular. Esta caída dejó un agujero de 30.00 millones de euros al Estado únicamente por cubrir depósitos. La deuda en España se fijó, en el II trimestre de 2018, en un 98,10% del PIB, más de 1.000 millones de euros, por lo que urge reducirla.
¿Es justa la sentencia?
Las organizaciones de consumidores han criticado duramente la medida. Tanto Facua como la OCU han calificado la sentencia como "aberrante, bochornosa e inaudita", consideran que pone en duda la seguridad jurídica de nuestro país y aseguran que es un ejemplo de la influencia de la banca en el poder judicial.
¿La Justicia ha actuado correctamente? No nos corresponde valorarlo, pero sí hay que destacar la serie de vaivenes que se han vivido en la Sala de Civil y posteriormente en el Tribunal Supremo en torno a esta medida.
En concreto, el impuesto de actos jurídicos documentados grava algunos documentos como el relacionado con las escrituras del préstamos (del que se paga un porcentaje). La cuantía depende de cada comunidad autónoma, pero si situamos la cantidad mínima concedida en España (120.000 euros), el pago oscilaría entre los 600 y 1.800 euros por región.
¿Y en qué se basaba la primera decisión del Supremo? En concreto, en que el único interesado en que se inscriba un préstamo con escritura pública es el banco, porque solo con esa inscripción podrá ejecutar la hipoteca en el caso de que se produzca un impago. Los jueces, en un primer momento consideraron como un "privilegio" esta concesión y, por ello, consideraban que correspondía a estas entidades. Ahora, sin embargo, señalan que los costes deben correr a cargo de los propietarios.
Todo depende ahora de los recursos ante Europa, aunque también hay otra vía: que el Gobierno apruebe una modificación de la ley hipotecaria y obligue, vía real decreto, a que las entidades sean las que se encarguen de estos impuestos. Esto evitaría la retroactividad, muy temida por las entidades, que no preveían un cambio de criterio. De hecho, algún banco, como Bankinter, ya había modificado los documentos para asumir el pago de las tasas. ¿Qué sucederá a partir de ahora?
