Buenas noticias para la infanta Cristina. La hermana de Felipe VI ha recibido del ministerio de Justicia los 322.325 euros de fianza que adelantó para hacer frente a las responsabilidades civiles del caso Nóos tras ser declarada partícipe a título lucrativo por la Audiencia Nacional de Palma y el Tribunal Supremo.
La exduquesa de Palma fue condenada a pagar 265.088 euros por un dinero que se gastó a título personal proveniente de los delitos cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín. Es decir, según la Justicia, la Infanta Cristina se benefició de un dinero ilícito pero sin conocer su procedencia, por lo que no ha cometido en realidad ningún tipo de delito y simplemente tuvo que devolver el monto que quedó en su propiedad.
En 2014 ya ingresó la cantidad de 587.413 euros, una fianza de responsabilidad civil reclamada por el exfiscal Pedro Horrach, por lo que ahora recupera la diferencia. Tras ser absuelta en Palma, la infanta solicitó la devolución de dicha fianza, pero ha tenido que esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara al respecto. Aunque la reclamación se hizo en julio de 2017, los 322.325 euros han sido ingresado en su cuenta una vez la sentencia del caso Nóos es firme.
Segundo grado para Urdangarín
Iñaki Urdangarín ha obtenido el segundo grado después de pasar dos meses en la cárcel de Brieva (Ávila), en donde cumple condena desde que el Tribunal Supremo le condenase a cinco años y diez meses de prisión por el caso Noós. El régimen carcelario del que ahora dispone le llega porque así lo solicitó de forma unánime la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brieva el pasado 9 de agosto.
Tras esta petición, Instituciones Penitenciarias dio el visto bueno al segundo grado y a que el marido de la Infanta Cristina siguiese en la misma prisión en donde se encuentra desde el pasado 18 de junio. Cabe recordar que el cuñado del Rey cumple condena en un módulo en el que se encuentra completamente solo.
Con el segundo grado Urdangarín podrá solicitar permisos cuando haya cumplido un cuarto de su condena, es decir, cuando lleve casi un año y medio en prisión, que sería en diciembre de 2019. A partir de ese momento, podrá pasar 36 días al año fuera de la cárcel si la Junta de Tratamiento se lo permite, aunque existe otra posibilidad para acelerar los permisos de los presos. Para ello, los internos tienen que socilitar participar en un Programa Individualizado de Tratamiento (PIT) para que a su vez se les pueda aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario vigente. Y es que este artículo introduce el llamado principio de flexibilidad, que consiste en que cada preso tenga un modelo de ejecución de sentencia en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados de clasificación. Este artículo puede permitir que un recluso en segundo grado obtenga de manera progresiva la libertad antes de tiempo.
