El referéndum ilegal del pasado 1 de octubre ha sido uno de los episodios más convulsos de la historia de la España actual. Sobre aquel día aún queda mucho por saberse, especialmente sobre el papel que desempeñaros las fuerzas y cuerpos del seguidad del Estado. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil ha dado buena cuenta sobre la polémica generada en torno a la acción de los Mossos d'Esquadra.
Uno de los atestados que la Guardia Civil ha aportado al Tribunal Supremo en el marco de la investigación contra miembros de la Mesa del Parlament y el anterior Govern de Junts Pel Sí por los delitos de sedición, rebelión, prevaricación y desobediencia, refleja que las entidades independentistas pretendieron garantizarse la colaboración de los Mossos con el referéndum ilegal blindando, mediante una de sus "leyes de desconexión", que pudieran desobedecer la Constitución.
El documento, en el que se analiza la situación y las funciones de los Mossos respecto a la celebración del referéndum del 1-O, fue realizado a inicios de año por la sectorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local por la Independencia y publicado por la Associació de Municipis per la Independencia (AMI).
El informe determina que se debe preparar una ley en el Parlament o incluirla en la denominada ley de transitoriedad jurídica para modificar la normativa actual de los Mossos. Con esto se pretendía suprimir "que deban cumplir con la Constitución". La plataforma independentista añade, además, que "esta supresión debería hacerse extensiva al resto de funcionarios, empleados públicos y autoridades de Cataluña" para así librarles de cumplir con la Constitución en la cruzada secesionista.
Otra de las propuestas es que se elimine "la dependencia funcional" de los Mossos respecto a jueces, tribunales y Fiscalía. Esta nueva ley debía prever la no aplicación en Cataluña de "ninguna disposición normativa del Estado Español, orden o instrucción contraria a la celebración del referéndum", siempre que provenga de "jueces o fiscales y se dirija a cualquier policía de Cataluña".
Se establecen una serie de sanciones a los policías que, tras las modificaciones, intentaran evitar el referéndum. Según el texto, un agente bajo la dependencia de la Generalitat podría ser sancionado si hubiera evitado el 1-O "en ejecución de resoluciones de autoridades españolas con el objetivo de impedir la celebración del referéndum y las actuaciones posteriores que se deriven". Para los autores del informe, sólo si se quita la obediencia de los Mossos de la ley española se hubiera garantizado que la policía catalana actúe cumpliendo la normativa "con plena objetividad e imparcialidad".
Artur Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel, imputados
Un día después de la celebración de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, se dio a conocer que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha imputado en la causa por rebelión a la secretaria general de ERC, Marta Rovira; al expresident de la Generalitat, Artur Mas; a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá; a su portavoz, Anna Gabriel; a la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal; y a la presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas, Neus Lloveras i Massana.
Llarena toma esta decisión después de analizar el informe de la Guardia Civil que señala a Rovira, a Mas y a otras personas aún sin imputaro como quienes "diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano y quienes movilizaron los recursos humanos y materiales para ello".
En ese informe se relaciona a los integrantes del Comité Estratégico, un órgano creado para controlar el desarrollo del procés y cuyas reuniones se registraron en la agenda del número dos de Oriol Junqueras, Josep Jove, a quien se intervino también el documento Enfocats.
