La investidura de Jordi Turull llega un día antes de su posible entrada en prisión preventiva por los presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos. El juez Llarena tiene previsto procesar a todos los encausados por las ilegalidades del procés, lo que podría llevar a la prisión preventiva a nombres tan destacados como Marta Rovira o Carme Forcadell .
Si prospera su encarcelamiento tan solo 24 horas después de alcanzar las riendas de la Generalitat, Turull se convertiría en el president más efímero de la historia: tan solo estará un día al frente de la Generalitat, ya que no podrá continuar con el puesto desde la cárcel.
El pulso contra el Estado, por tanto, continúa, aunque todo apunta a una legislatura de carácter autonomista tras los resultados del 21D: no alcanzaron la mitad de los escaños y Ciudadanos se convirtió en la primera fuerza constitucionalista en ganar las elecciones.
La carrera que ha llevado a la presentación de la candidatura de Turull se ha acelerado después de que el magistrado haya anunciado la intención de revisar sus medidas cautelares. El aspirante a president se encuentra en libertad bajo fianza.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, inició durante la jornada de ayer, miércoles 21 de mayo, una ronda de contactos entre los grupos para conocer sus posturas. Además de Junts per Catalunya y ERC, ha destacado la postura de la CUP: apoyarán al nuevo candidato a diferencia de Jordi Sànchez.
La incertidumbre no termina
La investidura de Turull deberá contar con la aprobación obligada del Rey, que no se puede negar a nombrarle, a pesar de sus duras palabras durante su pasado discurso ante los españoles.
Por otro lado, si Llarena no envía a prisión a Turull, Cataluña contaría con un president procesado y que posiblemente podría entrar en la cárcel el próximo otoño en el caso de que se establezca una condena firme.
Esta presidencia efímera llevará a abrir de nuevo otro período de incertidumbre en el que el soberanismo deberá plantear un nuevo candidato o candidata libre de cargas judiciales y con un perfil más moderado, al menos, de cara al público.
Su investidura supondrá el fin del 155, con un candidato amparado por Puigdemont, aunque su posible y obligada renuncia llevaría a un vacío de poder en Cataluña.
A todo ello se suma la previsible orden de detención internacional inmediata contra Puigdemont y los exconsellers o exdiputados huídos de la Justicia. La decisión dependerá del Supremo y obligará a países como Reino Unido (donde se encuentra la extitular de Enseñanza, Clara Ponsantí) a posicionarse de manera definitiva.
