El independentismo se encuentra a punto de perder la mayoría absoluta de 66 diputados como consecuencia de la acción judicial. La diferencia de escaños con el bloque constitucionalista se sitúa en tan sólo un representante, por lo que cualquier movimiento de la Justicia puede desembocar en un cambio en el futuro de Cataluña.
La decisión depende del magistrado Pablo Llarena. Si opta por anunciar la suspensión inmediata de los políticos encarcelados para ejercer cualquier cargo público, todos deberían renunciar a su escaño. Un movimiento que evitaría que las fuerzas constitucionalistas erijan a Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat.
La sombra de la inhabilitación pesa, por tanto, sobre Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. Junto a ellos, se suma el futuro incierto que rodea a Toni Comín, en mitad de un procedimiento de extradición por parte de Bélgica; y Carles Puigdemont, a la espera de que Alemania decida sobre su futuro procesal.
La suspensión de los políticos se hará efectiva en virtud de la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala el delito de rebelión como causa del abandono del ejercicio de la política, no así del escaño.
Sin embargo, en el caso de Puigdemont y Comín, el futuro es incierto. Al encontrarse pendientes de una extradición, la Justicia española necesitaría convencer a la alemana y belga de que ambos cometieron un delito de rebelión. Una situación posible en el caso de Comín, a diferencia del expresident: la Justicia alemana opta por incluir únicamente el delito de malversación.
Si finalmente se abre la causa siguiendo la segunda vía, la inhabilitación sería provisional y no preventiva, por lo que ambos podrían conservar el escaño y continuar ejerciendo la política desde las instituciones dentro de un corto período de tiempo.
Una investidura inesperada
En el caso de que los procesados no renuncien voluntariamente al escaño, la investidura de Inés Arrimadas podría suceder en una segunda sesión de investidura, en la que podría llegar a gobernar por mayoría simple.
No sería la primera ocasión: Zapatero llegó a La Moncloa en mayoría simple en su segunda legislatura, así como Aznar entre los años 1996 y 2000 (y no olviden el actual gobierno de Mariano Rajoy). En este caso sería necesario llegar a pactos puntuales para aprobar presupuestos o ciertas medidas legislativas, aunque el previsible bloqueo del soberanismo puede poner serias dificultades en la normal acción de gobierno.
Por otro lado, las fuerzas independentistas pueden forzar un adelanto electoral o la renuncia de los políticos encarcelados, lo que supondría un vacío de poder que desembocaría, previsiblemente, en la investidura de Elsa Artadi.
Si se convocasen nuevas elecciones, los procesados podrían volver a presentarse en una lista electoral pero continuarían sin la posibilidad de ejercer sus cargos de manera efectiva. Todo dependerá, por tanto, del desarrollo de los procedimientos judiciales.
Diferencias sobre Puigdemont
Las complicaciones de la situación judicial en torno a los miembros destacados del procés, también está provocando una fuerte grieta dentro del bloque indepententista, que podría desembocar en un bloqueo y nuevas elecciones.
La situación depende de los republicanos. A pesar de sus apariciones públicas, la formación de Oriol Junqueras mantiene una relación fría con Puigdemont después de que el expresident abandonara a su número dos para convocar una rueda de prensa en Bruselas. Y, por otro lado, por las diferencias en cuanto a la hoja de ruta del futuro Govern (ERC prefiere un perfil bajo para no complicar la situación de los encarcelados).
"Oriol está afrontando este proceso con dignidad", llegó a publicar un tuit la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. En ese preciso instante, Puigdemont se encontraba viviendo en Bruselas junto a los cuatro exconsellers procesados.
Todo dependerá del futuro judicial de los procesados, pero el bloqueo judicial apunta a una repetición de elecciones con un resultado y unas listas con gran incertidumbre.
