La presidenta del Tribunal de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, Devindra Rampersad, ha decretado la inconstitucionalidad de la Ley sobre Delitos Sexuales que penalizaba las relaciones homosexuales en el país. En su intervención, la jueza ha llegado a comparar esta ley con el Holocausto y el apartheid sudafricano, ya que la ley niega la humanidad y la dignidad de las personas que no son heterosexuales o cisgénero.
En el comunicado, Devindra Rampersad ha declarado que los artículos 13 y 16 de dicha ley son "inconstitucionales, ilegales, nulos, inválidos y sin efecto, en tanto y en cuando tipifiquen como delito actos que constituyan una conducta sexual consentida entre adultos". Por lo tanto, la ley sobre Delitos Sexuales estará vigente sólo en referencia a las estipulaciones de los artículos que afecten a menores.
El artículo 13 establecía desde 1986 que quienes cometiesen relaciones sexuales con alguien de su mismo género estaría cometiendo un delito y sería penado con prisión. Estos se enfrentaban a cadena perpetua si mantenían relaciones sexuales con un menor y a 25 años de cárcel si lo hacían con una persona adulta. Mientras que el artículo 16 establecía que si alguien utilizaba sus órganos genitales para excitar o satisfacer el deseo sexual, estaría cometiendo un delito grave. Este artículo sólo tenía en cuenta si se realizaba a un menor o entre personas homosexuales.
Naciones Unidas pidió la derogación de la ley
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas insistió al Gobierno de Trinidad y Tobago en varias ocasiones la derogación de las leyes que fuesen en contra de las personas del colectivo LGTBI, pero la respuesta siempre era negativa. Todo esto ocurría mientras el país isleño forma parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que suscriben todas las resoluciones sobre Derechos Humanos, es decir, reconocían la diversidad sexual e identidad además de la expresión de género desde que en el año 2008 este órgano reconociese estos términos. Sin embargo, en 2013 el Gobierno de Trinidad y Tobago exigió que se anotase a pie de página, según informa el medio Dos Manzanas, que se retiraban de ese pacto puesto que iba en contra de la legislación nacional.
Ante esta renuncia, un activista decidió presentar en febrero de 2017 una demanda por inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 de la Ley Sobre Delitos Sexuales. Se trataba del activista Jason Jones que lucha por los derechos de las personas LGTBI en Trinidad y Tobago. Los abogados de este explicaban en su denuncia que dichos artículos afectaban "de forma continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y abstenerse, incluso en privado con parejas masculinas que dan su consentimiento, de particpar en actos sexuales prohibidos a los que está inclinado en razón de su orientación homosexual, o a cometer a los actos prohibidos y por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal". Tras presentar la demanda, el activista fue amenazado de muerte en su país y de hecho vive en el exilio.
Ley contra la humanidad
Tras más de un año, el activista logra que la Corte Suprema de su país reconozca los derechos de las personas del colectivo LGTBI. Asimismo los jueces expresaron su desacuerdo con el Gobierno del país, ya que este "valora a las personas en función de su raza, sexo, edad y orientación sexual", consiguiendo así la negación de la humanidad a estas personas. La Corte cree que estas acciones significan continuar con el movimiento nazi durante la II Guerra Mundial o con el apartheid en Sudáfrica.
La resolución de la Corte entrará en vigor en un plazo de tres meses. La respuesta de Jason Jones no se ha hecho esperar y a través de su cuenta de Twitter ha expresado su satisfacción por haber conseguido que se reconozca que la homosexualidad no es ningún delito.
