La ineptitud política ha provocado que miles de hectáreas sean absorbidas por las llamas del fuego a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. El sufrimiento de la naturaleza y de miles de ciudadanos que pierden sus casas e incluso algunos llegan a perecer en la lucha contra esta guerra, es aprovechado presuntamente por una red de políticos y empresarios que saca rédito económico a la quema intencionada de las tierras.
El Senado ha rechazado una moción de PSOE y Unidos Podemos para modificar la Ley de Montes y la Ley de medidas urgentes de conservación de suelos forestales afectados por incendios. Los partidos de izquierda han hecho hincapié en que la actual legislación permite recalificar terrenos quemados cuyos incendios han sido provocados. Sin embargo, este argumento no ha sensibilizado al PP, que ha rechazado las propuestas aludiendo a que los suelos recalificados no lo son necesariamente tras ser quemados en estos incendios.
Un 'cártel de fuego' investigado por la justicia
La Audiencia Nacional está llevando a cabo una macro investigación tras unir diferentes denuncias por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios de varias comunidades autónomas. Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón son las zonas donde la justicia intenta esclarecer los delitos cometidos por parte de instituciones públicas y diferentes empresas denominadas como 'cártel de fuego'.
Estas denuncias incluso se han extendido a otros países como Portugal, que tiene abierta una causa desde 2015 donde se encuentra imputado el ex ministro de Administración interna Miguel Macedo. Sin embargo, para llegar a comprender esta trama de corrupción que se beneficia de las llamas que azotan los bosques, hay que remontarse a más de quince años atrás.
Un conglomerado de seis empresas españolas denominadas por la justicia como el "Grupo 6" lleva reuniéndose presuntamente desde 2001 para acordar imponerse en los concursos públicos referentes a la adjudicación de contratos que deben realizar la labor de extinción de estos incendios provocados.
Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo, Trabajos Aéreos Martínez Ridao, Compañía de Extinción General de Incendios S.L. (CEGISA) -que incluye a Inaer y ambas son filiales del gigante Grupo Habock- y Transportes Aéreos Extremenos S.L. son las seis grandes empresas que manejan los hilos políticos y económicos de los concursos amañados. A este grupo se han unido un total de catorce compañías bajo la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA).
El auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Instrucción 2 de Sagunto (Valencia), al que ha tenido acceso la web informativa independiente CTXT, establece el modus operandi de este conglomerado de empresas cuyo único objetivo era repartirse los contratos públicos inflando sus facturas y perjudicando al erario público:
"Alterar el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria (...) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público".
Un sistema presuntamente manipulado y corrupto
Según el auto del juez Héctor Ignacio Santamaría, estas catorce compañías asociadas en la AECA llevan presuntamente casi veinte años creando un sistema de perversión en el que han provocado el incremento de los costes para las administraciones públicas de los servicios que deben extinguir el fuego.
En su conformación como "Grupo 6", las empresas firmaron un pacto en el que acordaban respetar las áreas de influencia de cada compañía, así como los nuevos contratos que cada una consiga que salga a concurso público. Asimismo, este pacto estipulaba el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios y para compensar a un socio en el caso de que perdiera un contrato en su área de influencia bien por uno de los firmantes o bien por otra compañía que estuviera fuera del grupo.
Los delitos a los que se enfrentan estas compañías van desde pertenencia a organización criminal hasta alteración de precios en concursos públicos o delito continuado de falsedad en documento mercantil. En el caso de los funcionarios públicos, sus penas enfrentan prisión por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a los cargos públicos.
Numerosos son los políticos y funcionarios que se encuentran requeridos por la justicia para esclarecer estos sucesos. De estos altos cargos imputados destacan el ex alcalde de Quartell (Valencia) Francisco Huguet del PP o Pedro Higaldo, ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat, entre otros.
Andalucía y Valencia, pioneras
El primer caso de corrupción fue denunciado por un ex gerente de Avialsa, Francisco Alandí, en Valencia durante el año 2014. Tras recabar pruebas contra un gerente de la empresa, el imputado Vicente Huerta Domínguez, presentó su denuncia ante la Policía. Sin embargo, esta acusación fue en el ámbito privado. Andalucía se convertía posteriormente en la primera comunidad en la que se denunciaba en el ámbito público.
En noviembre de 2015, un funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta, Jaime González Díaz, denunció las irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 de lucha contra incendios. Según ha declarado González a CTXT, es la propia Junta de Andalucía la que facilita a las empresas que sean las ganadoras de los contratos omitiendo información o valorando criterios de solvencia como criterios de adjudicación.
La Policía Nacional, tras la denuncia de este funcionario, pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015 debido a la sospecha de que pueda ser la empresa que encabece presuntamente la trama en Andalucía.
González denuncia que los tentáculos de la corrupción llegan a todas las instancias públicas de la Junta. Asegura, por ejemplo, que los sindicatos de bomberos no denuncian la situación de precariedad laboral y de falta de recursos debido a la facilitación de prejubilaciones muy generosas "financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad".
El funcionario andaluz asegura sentirse acosado por su entorno laboral desde que decidiera denunciar estas irregularidades. Asimismo, denuncia al sistema político nacido en 1978, puesto que la impunidad termina imponiéndose cuando alguien intenta hacer justicia. González afirma que solo Ecologistas en Acción, CGT y Podemos se han personado en su lucha contra esta trama de corrupción.
La relación de las tramas de Valencia y Andalucía se produjo tras el envío en enero de 2016 de una copia de la investigación del juzgado de Sevilla al de Sagunto (Valencia), iniciándose así un proceso en el que diferentes funcionarios, políticos, altos cargos y empresarios eran imputados. La Audiencia Nacional ha relacionado esta red clientelar y ha abierto una macro causa conjunta.
Esta cadena de sucesos puede terminar explicando por qué cada año se suceden numerosos incendios intencionados en todo el territorio nacional. La presunta red corrupta creada entre diferentes empresas dedicadas a extinguir incendios; la colaboración de las instituciones; la impunidad judicial y el rechazo a una modificación de las leyes para prohibir que se puedan recalificar los terrenos quemados no parecen ser solo un conjunto de casualidades. Sin duda, son unos hechos que de alguna forma u otra arrojan un poco de luz entre tantas llamas.
