12 de febrero de 2005. Un incendio sacude la Torre Windsor en el Paseo de la Castellana de Madrid, el corazón financiero de la capital. El ruido de las sirenas de los coches de bomberos, el temor a la pérdida de vidas humanas y el recuerdo del 11-S penden sobre todos los televidentes. El pasto de las llamas recorre todos los medios de comunicación, que graban en directo cómo se consume uno de los rascacielos más destacados de la capital.
Tras la conmoción inicial, sin embargo, empiezan a surgir todo tipo de teorías de la conspiración. Todas, alimentadas por un vídeo en el que parecen surgir dos personas paseando por las instalaciones, aparentemente vestidas con trajes ignífugos, con una supuesta linterna alumbrando objetos y cuando todos creían que las instalaciones permanecían vacías.
¿Qué hacían allí? No hay una explicación consensuada, ya que todo se cerró mencionando una especie de reflejo de otra ventana enfrentada, sin tener en cuenta que frente al edificio no había ninguna ventana. Eso sí: el sumario concluye que las imágenes no fueron manipuladas en ningún momento.
Y, ante tanta duda, comenzaron a surgir todo tipo de conspiraciones. En este sentido se señalaba una serie de papeles relacionados con una importante constructora y que habían sido reclamados por la Justicia en un caso de corrupción. Todos habrían quedado destruidos en el incendio. Tampoco faltan otras teorías más inverosímiles, como que las sobras pertenecían realmente a fantasmas y otras más lógicas, como que pertenecían a bomberos, aunque no consta ningún registro sobre esta posibilidad.
Lo cierto es que, finalmente, la estructura se desmontó y sobre ese solar se construyó la torre Titania, propiedad de El Corte Inglés, que alberga la ampliación de su centro de Nuevos Ministerios y varias oficinas.
El pacto privado que ahora se publica
Sin embargo, 13 años después, conocemos nuevos datos. En concreto, un pacto privado que no fue publicado en aquellas fechas y que se firmó entre Deloitte, El Corte Inglés, Prosegur, Allianz, Mapfre y Chubb. Estos datos salen a la luz en mitad de la querella del exconsejero delegado de los grandes almacenes, Dimas Gimeno, tras su salida en virtud de las hermanas Álvarez.
Gimeno se encuentra en un pleito contra el Juan Carlos Fernández Cernuda, jefe de seguridad de la empresa que el heredero de Isidoro Álvarez presidía. El caso investiga un presunto escándalo de corrupción entre particulares, ya que Cernuda habría encargado la vigilancia a Mega 2 mientras que también ejercía como consejero delegado en esa sociedad.
Volviendo al acuerdo, el objeto de aquella firma pasaba por arreglar un cruce de demandas que ascendía a 233 millones de euros y que iba a pasar por los juzgados, tal y como señala El Confidencial. No se llegó a este extremo gracias a un mediador sin que trascendiera la cantidad que percibió por aquel trabajo.
En esa batalla judicial, Cernuda ha presentado un documento en el que se detallan todos los flecos del acuerdo y cómo se negoció la destrucción de un edificio perteneciente a Ason Inmobiliaria, una sociedad adquirida por el triángulo verde en diciembre de 2006, un año después del trágico suceso.
La guerra se inicia
Todo parecía cerrarse en un acuerdo entre Ason (ahora, El Corte Inglés) y Allianz, en el que la aseguradora pagaría 39,9 millones en concepto de indemnización. Sin embargo, todo cambió tras la demanda de Picadillo Alcarreño, una empresa de hostelería propiedad de un local de la zona.
Esta sociedad recibió apenas 45.000 euros por los daños a su local, por lo que decidió demandar en febrero de 2007 a El Corte Inglés. ¿Qué buscaban? Que la compañía de grandes almacenes pagara 52,2 millones de euros por responsabilidad civil.
La enseña del triángulo aprovechó entonces su división de seguros, a través de la cual mantenía relaciones con todos los afectados. Se hicieron hasta 10 propuestas de acuerdo extrajudicial, que terminaron en febrero de 2011, un mes antes del juicio, con las siguientes cantidades: Ason, Doloitte y Prosegur pagaban 52,86 millones (Ason solo 6,7) y respectivas cantidades de 23 millones para las otras dos sociedades
Todos los afectados se mostraron conformes en un primer momento, con una importante quita en las sanciones propuestas. Pero, a última hora, Zurich y Prosegur se desmarcaron porque no querían pagar esa sanción. Y sabían las consecuencias: perder suculentos contratos con El Corte Inglés.
¿Cómo se cerró todo? Al parecer, la dirección de Seguridad de la enseña de grandes almacenes propuso que cualquier empresa de seguridad pagara esos 23 millones a cambio de contratos en sus centros. Las compañías que sucedieron a Prosegur fueron diversas: Securitas, Pletacc, Checkpoint, Mega 2, Segur Ibérica, Seguridad LPM, Eulen, Loomis y Falcon. Precisamente la cuarta que hemos mencionado, Mega 2, es el objeto de conflicto entre Isidoro Álvarez y la empresa que previamente dirigió.
