El Caso Nóos sigue coleando. El pasado mes de julio la Fiscalía pedía que se elevara la pena de cárcel a Iñaki Urdangarín pasando de seis años y tres meses a un total de catorce años: "Ignacio Urdangarín deberá ser condenado como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, así como de malversación", anunció el ministerio público.
Ahora le ha tocado mover ficha al cuñado del Rey, que ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva por su implicación en el Caso Nóos argumentando que se limitó a ser un "amigable componedor", tal y como recoge El Mundo. Según Urdangarín, su papel fue el de "mediador sin conocimientos en Derecho Administrativo" que habría logrado gracias a sus "contactos deportivos e insitucionales" que Baleares celebrase dos foros internacionales sobre turismo y deporte. Añade, además, que todo lo hizo "con la conciencia de que todo se hacía correcta y legalmente".
Descargando toda la responsabilidad sobre su socio, Diego Torres, que también ha solicitdado la absolución al Alto Tribunal, Iñaki Urdangarín solicita que se revoque íntegramente la sentencia dictada en primera instancia que le condenaba por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, dos delitos fiscales y fraude a la Administración.
Según el recurso presentado por el marido de la infanta Cristina, a la que se le exculpó del delito de cooperación necesaria, la condena está plagada de "fundamentaciones ilógicas, absurdas y que carecen de la solidez y razonabilidad legalmente necesarias".
A lo largo del relato, explica que no llevó a cabo "ningún tráfico de influncias" y combate las "confesiones de los reponsables del Gobierno balear" que le incriminaron en el amaño de concursos públicos. Alega que son confesiones "básicamente defensivas, tendentes a mejorar su posición procesal, por lo que su credibilidad debe ser considerada como mínima".
Paralelamente también niega haber cometido falsedades documentales y sostiene que su firma fue "falsificada por terceros" y admite sólo haber tenido contactos con el expresidente balear Jaume Matas y con quien fuera su director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester.
¿Por qué se ha juzgado a Urdangarín?
Durante el verano de 2007, el nuevo presidente balear, el socialista Francesc Antich, descubre un desfase de más 50 millones de euros en la construcción del polideportivo 'Palma Arena'. Ante las sospechas de que su predecesor, Jaume Matas, pudiera haber desviado fondos públicos en este contrato, el nuevo presidente dejó todo en manos de la Justicia.
Las autoridades empezaron a 'tirar del hilo', hasta que descubrieron toda una trama detrás. En 2010 estalla el Caso Nóos, simplemente una pieza separada del caso anterior, pero de mayores dimensiones.
En todo este entramado, tiene especial relevancia el Instituto Nóos, una supuesta entidad con fines sociales y sin ánimo de lucro que había presidido Iñaki Urdangarín desde el año 2003 y que había sido fundada por su mano derecha, Diego Torres en 1999. Al parecer, la supuesta ONG estaba recibiendo contratos públicos amañados desde las administraciones valenciana, balear y madrileña.
El socio de Urdangarín, Diego Torres, aparecía como vicepresidente y la propia infanta Cristina ejercía como vocal hasta la salida de su marido, en 2006, así como el secretario de la infanta, Carlos García Revenga, estaba registrado como tesorero. Todo ello, para atribuir una imagen de mayor credibilidad a la institución.
Sin embargo, el juez instructor, José Castro, no comprendía cómo durante todos esos años, el Instituto Nóos había consegudio tantos fondos cuando se trataba de una institución sin ánimo de lucro.
Al parecer, Iñaki Urdangarín empleaba a Nóos como sociedad pantalla para conseguir numerosos contratos públicos sin tener que pasar por un concurso público. A partir del pago que recibía Nóos, el dinero se repartía a través de un entramado societario distribuido a través de varias empresas radicadas en paraísos fiscales y que servían para ocultar un dinero obtenido de manera ilícita.
Para todo ello, era fundamental el papel de Urdangarín, cuya vinculación con la Casa Real le permitía acceder de manera directa a todos los presidentes autonómicos, nivel en el que mejor funcionó la trama.
De dicha forma siguieron operando hasta que en 2006 se encuentra la primera evidencia: el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, descubre un pago de 1,2 millones al Instituto Nóos para un Foro de Turismo y Deporte celebrado durante tres días y sin apenas repercusión. Según relatan varios medios, este suceso provocó que la Casa Real presionase para que tanto Urdangarín como la Infanta abandonaran la sociedad, algo que el propio Urdangarín confesó en sede judicial. Sin embargo, Nóos continuó con las operaciones hasta el estallido real del caso.
Los Duques de Palma llegaron a cargar a Aizoon facturas de 6.000 euros por el catering de sushi del cumpleaños de la Infanta hasta un viaje a Mozambique en 2008. Junto a todo ello, botellas de vino por 1.300 euros o dos noches de hotel en Nueva York por 800 euros. Recordemos que Aizoon contaba con todo el dinero que ambos podrían haber obtenido ilícitamente de las Administraciones Públicas.
