Iñaki urdangarín ha presentado tu último alegato ante el Tribunal Supremo antes de que éste dicte la sentencia definitiva por el Caso Nóos. El que fuera duque Palma ha pedido su absolución, según publica El Mundo, alegando que "jamás" presionó a funcionarios para que le adjudicaran contratos millonarios, sino quese limitó a "invitarles o a sugerirles" la contratación del Instituto sin ánimo de lucro que presidía.
El marido de la infanta Cristina responde así al utimo dictamen de la Fiscalía del Tribunal Supremo que solicita diez años de prisión por utilizar su "privilegiada condición familiar" para presionar al expresdiente balear Jaume Matas y a sus cargos públicos.
Según el Ministerio Público, el cuñado del rey utilizó su "superioridad por vínculos matrimoniales" para "ejercer presión sobre quienes podían decididr la contratación del Instituto Nóos", una vía que considera "indirecta y espuria" que constituye un "acceso torticero" a la contratación pública. De esta manera, frente a los seis años y tres meses de prisión que impuso la Audiencia Provincial de Palma, solicita que Urdangarín sea condenado a diez años de prisión.
Tráfico de influncias y delitos fiscales
"A pesar de que el Ministerio Fiscal nunca ha sostenido ni dirigido acusación por el supuesto delito de tráfico de influencias ahora pretende mantener, ex novo, tal acusación", precisa la defensa de Iñaki Urdangarín, que subraya que la Fiscalía carece de "legitimación" para acusarlo del referido tipo penal en este momento procesal.
Respecto a los delitos fiscales por los que fue condenado, el letrado del exduque de Palma insiste en su absolución: "Debería ser absuelto de todos y cada uno de los delitos por los que ha sido inicialmente condenado: prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y sendos delitos fiscales" debido a que en ningún ejercicio se habría superado la cuota defraudada de 120.000 euros.
Será el próximo 21 de marzo cuando tenga lugar la vista fijada por el Tribunal Supremo para que todas las partes expongan sus argumentos. Después, el Altro Tribunal hará publico en un breve periodo de tiempo la sentencia definitiva del Caso Nóos.
El Caso Nóos
Durante el verano de 2007, el nuevo presidente balear, el socialista Francesc Antich, descubre un desfase de más 50 millones de euros en la construcción del polideportivo 'Palma Arena'. Ante las sospechas de que su predecesor, Jaume Matas, pudiera haber desviado fondos públicos en este contrato, el nuevo presidente dejó todo en manos de la Justicia.
Las autoridades empezaron a 'tirar del hilo', hasta que descubrieron toda una trama detrás. En 2010 estalla el Caso Nóos, simplemente una pieza separada del caso anterior, pero de mayores dimensiones.
En todo este entramado, tiene especial relevancia el Instituto Nóos, una supuesta entidad con fines sociales y sin ánimo de lucro que había presidido Iñaki Urdangarín desde el año 2003 y que había sido fundada por su mano derecha, Diego Torres en 1999. Al parecer, la supuesta ONG estaba recibiendo contratos públicos amañados desde las administraciones valenciana, balear y madrileña.
El socio de Urdangarín, Diego Torres, aparecía como vicepresidente y la propia infanta Cristina ejercía como vocal hasta la salida de su marido, en 2006, así como el secretario de la infanta, Carlos García Revenga, estaba registrado como tesorero. Todo ello, para atribuir una imagen de mayor credibilidad a la institución.
Sin embargo, el juez instructor, José Castro, no comprendía cómo durante todos esos años, el Instituto Nóos había consegudio tantos fondos cuando se trataba de una institución sin ánimo de lucro.
Al parecer, Iñaki Urdangarín empleaba a Nóos como sociedad pantalla para conseguir numerosos contratos públicos sin tener que pasar por un concurso público. A partir del pago que recibía Nóos, el dinero se repartía a través de un entramado societario distribuido a través de varias empresas radicadas en paraísos fiscales y que servían para ocultar un dinero obtenido de manera ilícita.
Para todo ello, era fundamental el papel de Urdangarín, cuya vinculación con la Casa Real le permitía acceder de manera directa a todos los presidentes autonómicos, nivel en el que mejor funcionó la trama.
De dicha forma siguieron operando hasta que en 2006 se encuentra la primera evidencia: el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, descubre un pago de 1,2 millones al Instituto Nóos para un Foro de Turismo y Deporte celebrado durante tres días y sin apenas repercusión. Según relatan varios medios, este suceso provocó que la Casa Real presionase para que tanto Urdangarín como la Infanta abandonaran la sociedad, algo que el propio Urdangarín confesó en sede judicial. Sin embargo, Nóos continuó con las operaciones hasta el estallido real del caso.
Los Duques de Palma llegaron a cargar a Aizoon facturas de 6.000 euros por el catering de sushi del cumpleaños de la Infanta hasta un viaje a Mozambique en 2008. Junto a todo ello, botellas de vino por 1.300 euros o dos noches de hotel en Nueva York por 800 euros. Recordemos que Aizoon contaba con todo el dinero que ambos podrían haber obtenido ilícitamente de las Administraciones Públicas.
