El PP de la ciudad de Valencia ha conseguido marcarse un pleno. Con la imputación de Eusebio Monzó, el único que hasta ahora se había mantenido al margen de procesos judiciales, la formación conservadora puede presumir de contar con todos sus miembros investigados por tramas de corrupción.
El caso contra Monzó se abre por la concesión de contratos de patrocinio del flamante Aeropuerto de Castellón, que podrían estar plagados de irregularidades. En esa causa, además, continúa imputado el expresidente de la Diputación de la provincia, Carlos Fabra.
El político popular asegura que aún no ha recibido la citación del Juzgado de Instrucción 3 de Castellón y asegura que enfrenta este proceso con la conciencia tranquila porque siempre ha hecho "las cosas bien".
En este caso, se investigan los contratos de patrocinio con el expiloto de motociclismo Álex Debón, por un importe de 3,6 millones de euros. Sin carné del PP, el grupo le eligió como portavoz en el Ayuntamiento porque no había nadie más: el resto ya había sido imputado en el caso Taula, una supuesta trama de comisiones vinculada al PP e incrustada en las estructuras local, provincial y autonómica de la Administración.
No hay posibilidad de realizar oposición
La complicada situación de todos los concejales está minando la capacidad de ejercer el papel de oposición. Primero, porque se sacan a relucir todos los trapos sucios en cuanto se critica una medida. Segundo, porque los medios tienen reticencias a dar visibilidad a políticos imputados en corrupción que actualmente ejercen como representantes.
Con ello, se rompe el único "aprovechable" con el que contaba la nueva candidata por el PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, que llega para ocupar una plaza que se antoja muy difícil en el antiguo caladero de votos para el Partido Popular.
