La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, será imputada en la Trama Lezo por la construcción del campo de Golf de Canal sin adecuarse a la legalidad, tal y como ha revelado en exclusiva el periodista Ernesto Ekáizer en 'Las Mañanas de Cuatro'..
El juez considera que la exlíderesa madrileña pudo haber tenido constancia de las irregularidades y, a pesar de ello, siguió hacia adelante con su construcción. No se descarta, tampoco, que la propia Aguirre fuera responsable de estas contrataciones fraudulentas. El campo ha empezado a ser demolido por orden de la Justicia con un coste de ocho millones de euros a cargo de todos los madrileños.
En este caso, el juez considera que el dinero podría haber terminado en la conocida financiación ilegal del PP de Madrid y las propias adjudicaciones del campo de Golf ya derribado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, también plantea la imputación en Púnica. El nombre de la expresidenta regional ya aparecía en los papeles de su exmano derecha, el exconsejero de vicepresidencia Francisco Granados. En este caso se sospecha de una presunta mordida por parte de OHL y que ya le ha costado la imputación a Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora del grupo.
El cerco en torno a Aguirre se había cerrado durante los últimos meses tras la confesión de algunos de los miembros 'arrepentidos' de la trama de corrupción en el seno de la Comunidad de Madrid.
Las presuntas mordidas en las contrataciones públicas con OHL habían sido objeto de preguntas en repetidas ocasiones por los miembros del tribunal. Por otro lado, hasta cinco personas de su entorno habían sido imputadas por la financiación en B de la formación que ella misma lideraba. Entre ellos, destaca Jesús Miguel Trabada, consejero de la extinta empresa pública Mintra.
Campo de Golf en Chamberí
El objeto de la posible imputación de Aguirre se centra en la construcción del Campo de Golf del Canal de Isabel II en el céntrico distrito madrileño de Chamberí.
Los vecinos de la zona se habían manifestado en contra de la decisión en repetidas ocasiones, ya que esta cotizada zona se encuentra ampliamente urbanizada y carece de zonas verdes.
A pesar de ello, la Comunidad de Madrid continuó hacia adelante con el plan, a pesar de que la decisión no se ajustaba a derecho. Por ello, la Justicia ha obligado al actual Ejecutivo de Cifuentes a derribar las instalaciones y construir un nuevo parque. Unas obras que han comenzado esta misma semana.
