Esperanza Aguirre cede el testigo de los escándalos políticos en Madrid al Ayuntamiento de sus compañeros de partido, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella, alcaldes entre 2003 y 2014. El Juzgado de Instrucción número 5, respaldado por la Fiscalía, ha admitido a trámite una querella presentada contra cuatro altos cargos de Urbanismo del Ayuntamiento por parte de la promotora inmobiliaria Invergrand 2000. Los hechos de los que se les acusan se habrían cometido entre 2008 y 2013, durante el mandato de los alcaldes del Partido Popular.
1 ¿De qué delitos se les acusan?
Según El Confidencial, que ha tenido acceso a la querella admitida a trámite, los cuatro altos están acusados de un "presunto delito continuado de prevaricación cometido por funcionario público", además de la "muy posible concurrencia de otros tipos delictivos". Las pruebas de todos los posibles delitos se recogerán a lo largo de los próximos meses. La Fiscalía ha solicitado la declaración de complejidad para que el proceso de investigación se prolongue durante un año y medio en lugar de los seis meses estándar.
2 ¿Quiénes son los cuatro altos cargos?
Son cuatro los altos cargos imputados por este presunto delito de prevaricación, varios de los cuales entraron a ocupar sus actuales puestos durante las alcaldías de Gallardón y Botella. Entre ellos se encuentran Beatriz Lobón Cerviá, al frente de Urbanismo en el Ayuntamiento desde 2004 y presidenta de la CPPHAN (Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural), y su pareja, Javier del Palacio Fernández-Montes, Subdirector General del departamento de Control de la Edificación que entró al Ayuntamiento de Madrid en 2008, cuando ya era compañero sentimental de Lobón.
Los otros dos imputados son Norberto Rodríguez Pérez, vocal de la CPPHAN y director general del mismo departamento; y Ángel Sanz D'Asteck, también vocal de la comisión y Subdirector General de Edificación. Los cuatro tendrán que declarar sobre los delitos por los que han sido imputados el 22 de junio.
3 Los hechos se remontan a hace 8 años
El conflicto por el que surge esta imputación se originó en 2008. Parques y Edificaciones Artal S.L., filial de Invergrand 2000, se encontraba rehabilitando el edificio de la calle Juan de Mena 13 cuando Urbanismo detuvo las obras en base al nivel de protección 3 con el que contaba el bloque. Desde el Ayuntamiento se exigía que en lugar de las obras de rehabilitación se levantase un nuevo edificio, algo que disparaba los costes acordados.
La paralización se prolongó durante cinco años que dejaron en ruina a Artal S.L. hasta el punto de que los bancos acreedores de la empresa embargaron el edificio y se lo vendieron por 3 millones de euros a Blig 13-13 S.L., la sociedad de José Ignacio Comenge, quien conseguiría desbloquear el conflicto y retomar las obras para crear cinco viviendas tan solo nueve meses después. Un chollo, pues la anterior corporación ya había completado un 70% del trabajo y, además, el edificio estaba realmente valorado en 25 millones.
Desde Invergrand acusan al equipo de Urbanismo del consistorio de un "trato discriminatorio hacia Parques y Edificaciones Artsal, con intereses espurios, alterando para ello los criterios de la propia Administración, y convirtiendo la ulterior tramitación de las consultas en un proceso sin ni intención alguna de ser resuelto".
4 No te lo perdonaré jamás, Carmena, jamás
Es cierto que durante buena parte del mandato de Carmena estos cuatro cargos se han mantenido en sus puestos, si bien han estado sometidos al punto de mira del equipo de Ahora Madrid. En abril de 2016 eran modificados varios de los cargos de Urbanismo, lo que conllevó el cese del ahora imputado Javier del Palacio. Para cubrir sus puestos no fueron incorporadas personas externas, sino que se designaron a trabajadores que ya formaban parte del Ayuntamiento anteriormente.
Ese mismo mes Carmena prohibía a Blig 13-13 S.L. el inicio de la ocupación de las viviendas de Juan de Mena 13 al observar irregularidades en la licencia, así como obras que iban en contra del plan aprobado y de la conservación del edificio, como la construcción de partes de los pisos en espacios comunes del bloque.
5 Los exagerados gastos urbanísticos de Gallardón y Botella
No es la primera vez que la gestión urbanística durante la etapa Gallardón-Botella es puesta en entredicho por gastos que levantan las sospechas entre los ciudadanos. Apenas unos días antes de la imputación de estos cuatro altos cargos, el Ayuntamiento actual informaba de que entre 2007 y 2015 la empresa mixta Madrid Calle 30 había pagado 1,5 millones de euros por la conservación de una única estación meteorológica, en lugar de las diez que el acuerdo de explotación con el Ayuntamiento de 2005 exigía. Desde el consistorio este gasto se considera exagerado: en 2015 fue de 191.221 euros, 272 veces más que el coste del aparato. Además, este gasto aparecía por duplicado en las cuentas.
