El pasado lunes 11 de abril entró en vigor la nueva ley que regula los peajes de respaldo al autoconsumo energético. Es decir, el llamado 'impuesto al Sol' (aunque este sea solo una parte del decreto). Este 'impuesto' ha estado rodeado de muchísima polémica desde que empezara a rondar la idea por la cabeza del Ministro de Industria, José Manuel Soria. El Ministerio aprobó dicha ley en octubre pero no ha sido hasta este lunes cuando, una vez en vigor, los usuarios con placas fotovoltaicas que no hayan modificado su instalación eléctrica puedan verse multados con cifras astronómicas. Para entender este peaje energético vamos a repasar las principales claves:
1 ¿Cómo empezó todo?
Nos remontamos al verano de 2013, cuando el ministro Soria dio a conocer sus intenciones sobre las energías renovables con la reforma presentada al Congreso. Tan pronto como salió a la luz, las quejas se hicieron notar, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, este artículo de Forbes en el que una periodista se mofa de lo absurdo de la idea.
Da la sensación de que los oficiales del Gobierno se quedaron sin ideas, un día miraron al cielo y dijeron: '¡Lo tengo! ¡Pondremos un impuesto al Sol!'
2 ¿Por qué se le quiso poner un impuesto al Sol?
Al parecer, la producción de energía solar estaba excediendo en grandes cantidades a la demanda en nuestro país, por lo que el Gobierno tenía que pagar a todos estos productores una deuda de 26 billones de euros (la producción se vendía a 0,06 euros el kilovatio por hora). En vez de modificar las tarifas, la ley o exportar esta energía, decidieron crear una tasa. Según las palabras del Gobierno, esta deuda habría crecido unos 4,5 millones de euros al año de no haber creado esta tasa. Muerto el perro, se acabó la rabia.
3 ¿En qué consiste la ley?
El Real Decreto aprobado en octubre de 2015, a unos 70 días de las elecciones generales, dice en pocas palabras que las placas instaladas antes de esa fecha deben de estar regularizadas según lo ordenado, además de incluir el controvertido 'impuesto al Sol'. Antes, los usuarios de energía fotovoltaica usaban energía de la red eléctrica ajena a ellos cuando lo necesitaban y si tenían excedentes de la energía solar, esta era 'vendida'. Ahora, los usuarios pagarán sí o sí un impuesto por cada placa solar que posean. De esta forma, España se ha convertido en el primer país del mundo en regular el Sol.
En las residencias será de 9 euros al año más IVA por kilovatio de potencia en cada uno de los paneles que se tenga mientras que en las industrias se pagará esta tasa más otra variable según lo que se consuma. Curiosamente, este impuesto solamente tendrá validez dentro del territorio peninsular y no en las islas Canarias o las Baleares.
4 ¿A quién afecta este decreto?
Principalmente a los usuarios particulares y a las pequeñas empresas e industrias que estaban apostando por la energía solar hasta ahora. Una manera, según la UNEF (Unión Española Fotovoltaica), de que comercios y fábricas pudieran conseguir "reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad" gracias a este autoconsumo que podía verse amortizado en un plazo máximo de 10 años. Las grandes corporaciones no se han visto afectadas puesto que, aunque no se hayan adaptado a la nueva ley, podrían pagar las millonarias multas que conlleva la tenencia de paneles solares.
5 ¿A quién beneficia la ley?
No hay que ser muy inteligente para ver que beneficia a las compañías eléctricas, quienes tienen el monopolio de la energía en España. Con este 'impuesto al Sol' se castiga el autoconsumo. ¿Por qué? Os recordamos la existencia de puertas giratorias y los puestos de Felipe González o José María Aznar en importantes empresas de energía en nuestro país.
6 ¿Cuáles son las sanciones?
Las multas por no haber regularizado los paneles solares pueden ir desde los 6 hasta los 60 millones de euros. Una cifra absolutamente astronómica e incomprensible para una ley que ha dejado solamente 6 meses para producir esos cambios físicos en la instalación de las más de 2.000 que aproximadamente puede haber instaladas en el territorio nacional.
7 ¿Y a partir de ahora qué?
La ley entró en vigor el lunes 11 de abril, 6 meses después de su aprobación, pero debido al breve plazo de tiempo para modificar las instalaciones, la UNEF junto a varias asociaciones y gobiernos de distintas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o la Comunitat Valenciana han pedido un aplazamiento tanto al Ministerio de Industria como al Gobierno central. La respuesta que dio el Ministro el mismo día que se conoció su implicación en los papeles de Panamá fue que actualmente no puede modificar ningún aspecto ya que se encuentra "en funciones". Por si esto fuera poco, según denuncia el ingeniero industrial Jorge Morales de Labra en El Plural, el reglamento técnico de la gestión de los contadores no ha sido aprobado aún y por ello mismo aún no se podría facturar ningún tipo de impuesto.
Sea como sea, y a esperas de un posible cambio de carteras, tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos se han comprometido a derogar la ley tan pronto como lleguen al Gobierno.
