Tras suplicar llorando ante el juez su salida en prisión porque "es muy duro", el expresidente de la Comunidad de Madrid, encarcelado desde el pasado 21 de abril en el marco de la Operación Lezo, ha vuelto a pedir su salida del penal de Soto del Real.
En la anterior ocasión, el juez desestimó su excarcelación por el papel "decisivo" de González en la trama corrupta del Canal de Isabel II, empresa pública que gestiona las aguas de Madrid.
Con esta petición, la defensa de González ya ha pedido en tres ocasiones la excarcelación del expresidente, de forma que pueda pasar a arresto domiciliario y con las conversaciones intervenidas.
El expolítico popular no está condenado por ningún delito, pero cumple prisión preventiva ante la posibilidad de que destruya pruebas o huya del país en cualquier momento. En varias de las conversaciones intervenidas durante la instrucción del caso, González manifestó contar con una red de contactos y el deseo de iniciar una nueva vida en Latinoamérica, región donde el Canal realizó sus mayores negocios investigados.
En este caso, la defensa de González considera que la conversación a la que apela el juez no existe y que, además, no ha figurado en ningún momento en los papeles de la instrucción del caso. Un hecho que, de confirmarse, supondría una prevaricación por parte de la Justicia.
Su defensa, además critica que existe una "incongruencia omisiva", puesto que consideran que la decisión del juez ignora los argumentos del exmandatario autonómico.
Por todo ello, su abogado considera que no existe ningún argumento sólido que mantenga a González en la prisión a la espera de que se celebre el juicio que decrete si cometió algún delito.
La Trama Lezo
La Trama Lezo estalló el pasado mes de abril en el marco de una investigación sobre la gestión irregular en la cúpula del Canal de Isabel II, que tuvo como principal investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que durante 13 años fue el máximo responsable de la entidad.
La titularidad del Canal de Isabel II era pública, y que se intentó privatizar durante los últimos años de González al frente de la Comunidad de Madrid. La operación fue coordinada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco y desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO).
Otra de las personas investigadas en este caso es Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa y persona de máxima confianza del expresidente regional. Sobrino fue una de las personas que le acompañó en el polémico viaje a Cartagena de Indias donde fue espiado. En dicho espionaje, se pudo evidenciar cómo González entraba en una vivienda con varias bolsas blancas y después salía sin ellas. El presidente de Inassa fue destituido en 2016 por la presidenta regional después de aparecer en los Papeles de Panamá.
Inassa, sin embargo, no es la única empresa investigada por las autoridades. Hay otras dos sociedades más ubicadas en Colombia en la que podrían estar implicados los detenidos.
La UCO llevaba meses investigando esta operación que coordina el juez Eloy Velasco. Se realizaron una treinta registros previstos en una macrorredada contra la corrupción en la Comunidad de Madrid que fue denominada como "Operación Lezo" por las autoridades. Los agentes registraron también varios domicilios particulares, dependencias de la Comunidad de Madrid y varias empresas.
