Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en la comunidad autónoma, también sufrió las irregularidades inmobiliarias de Rocío Monasterio y su marido Iván Espinosa de los Monteros. Estuvo residiendo en uno de sus 26 lofts edificados en suelo industrial durante cuatro años y le afectó de lleno. Tanto a él, como a su padre.
La actual diputada autonómica y portavoz parlamentaria de VOX en la Asamblea de Madrid firmó proyectos y diseños cuando aún no tenía terminada su carrera universitaria. Este escándalo se enmarca dentro de esta cuestión, el séptimo desde que vieron la luz. La cosa no se queda ahí, porque todos los casos de irregularidades urbanísticas también concurren en la ilegalidad de haberlos construido sin licencia y en ellos también intervino su esposo. Como promotor inmobiliario, el diputado parlamentario de VOX también estuvo involucrado en la gestión de los lofts y su adquisición por parte de compradores como Jesús Cecilio Aguado García, padre del político.
Padre e hijo saben bien cómo sus actuales aliados parlamentarios en Madrid operaban. De hecho, llegaron a denunciar al arquitecto del estudio de Rocío Monasterio, casualmente, su hermano Antonio Monasterio. Ocurrió en 2007, cuando Jesús Aguado, según confirma Mercedes Hurtado, era presidente de la comunidad de vecinos del número 58 de la calle Albarracín (Madrid). Allí había comprado uno de los apartamentos construídos en terreno industrial, anteriormente ocupado por una vieja fábrica de plásticos. El hermano de la diputada autonómica es ingeniero industrial y autorizó y supervisó el proyecto bajo la firma del colegio de ingenieros.
Una demanda colectiva, sin respuesta particular
Llama la atención que ninguna de las formaciones políticas que gobiernan la Comunidad de Madrid hayan querido prestar declaración tras ser preguntadas por los medios de comunicación. El Partido Popular y Ciudadanos lo han calificado de "asunto personal", algo que ni siquiera Monasterio y Espinosa de los Monteros han llegado a afirmar. Por parte del círculo del dirigente de la formación de Albert Rivera solo han querido comentar que se trata de "un tema de una comunidad de vecinos que todos se ven afectados, no solo de un particular". La jefa de prensa de Aguado desmintió que se tratara de un tema que atañe únicamente a su padre.
El País intentó contactar a todos los implicados en este acontecimiento, incluido Jesús Aguado, aunque su abogado no ha respondido a las llamadas después de dos días intentando localizarle. Los vecinos de la comunidad han afirmado con rotundidad que asistía frecuentemente a las reuniones y sabía lo que estaba ocurriendo en todo momento. Cabe destacar que tampoco es la primera vez que está involucrado en una trama a la que rodean irregularidades financieras, después de que Miguel Ángel Rodríguez, asesor de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, le acusara de haber recibido más de 100.000 euros "por la cara".
Su hijo, el número dos del Ejecutivo madrileño, vivía en un ostentoso loft, tenía dos plantas, pero su descripción ya lo advertía: "No es susceptible de uso residencial". Residió allí hasta el año 2017, pero padre e hijo ya se lamentaban de haber adquirido "esta ruina". Las cosas nunca llegaron a salir como querían, pues al parecer el padre de Aguado dio una señal para tener un acceso de mercancías a la parcela contigua, que era de su propiedad. Se encontró con un edificio entero levantado y al haber entregado la señal, no tuvo más remedio que comprar uno de los lofts.
"El peor negocio de mi vida"
Fue Metaphore, la agencia inmobiliaria fundada y regentada por la mano derecha de Santiago Abascal y compañero sentimental de Monasterio, la que se encargó de vender los más de veinte espacios en el inmueble construidos por Masal Desarrollos Integrales SL y diseñados por el estudio de la portavoz del partido de Santiago Abascal. Para echar más leña al fuego, se ha podido comprobar que la constructura debía más de un millón de euros a hacienda en 2016 y por ello, entró en concurso de acreedores.
La teoría decía una cosa, ya que al parecer nacieron como "oficinas para profesionales relacionados con tecnología y la producción audiovisual" y la práctica, era bien diferente. Su uso se destinó al de viviendas particulares de manera ilegal, precedido por la promesa a los compradores de que gracias a sus contactos en el Ayuntamiento, Monasterio y Espinosa de los Monteros conseguirían las cédulas de habitabilidad.
En 2007, las inspecciones municipales descubrieron el entramado y llegaron a confirmar que, por lo que pudieron ver, directamente se construyeron como viviendas particulares. Muchos vecinos fueron obligados a abandonar su domicilio y el Ayuntamiento procedió a precintar algunos de los locales. Fue entonces cuando realmente comenzaron los pleitos de los propietarios con Metaphore y el estudio de Rocío Monasterio, pues algunos compraron después de las inspecciones, sin ser notificados de los requerimientos de Urbanismo.
"He recordado a Monasterio cada día desde hace 12 años" o "Ha sido el peor negocio de mi vida", son algunos de los lamentos que expresan aquellos que hace más de una década se embarcaron en una aventura que aún no ha llegado a su fin. El principio de un gran tormento para los que actualmente siguen como inquilinos dentro de estos espacios ubicados en el distrito de San Blas-Canillejas, en el este de la capital.
De acuerdo con las informaciones proporcionadas por la Cadena SER, ha sido José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid, quien ha querido instar al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) a que abra un expediente a Monasterio. Las cartas enviadas a la decana Belén Hermida y al presidente de la Comisión de Deontología Profesional, piden que se realicen las pesquisas necesarias en torno al suceso y así aclarar "los hechos conocidos a través de los medios de comunicación sobre las actuaciones, presuntamente irregulares o ilegales, que haya podido realizar Rocío Monasterio" para que, en caso de confirmarse, se le aplique la sanción o multa correspondiente.
