La situación judicial de Pablo Iglesias es, cuanto menos peculiar. El vicepresidente segundo del Gobierno pasa un día desde la víctima del entuerno a ser uno de los principales responsables; en un proceso judicial que puede terminar con su figura fuera del Ejecutivo.
Entre los que apuestan por el hecho de que Iglesias pertenece a 'los malos' en esta historia, se encuentra un juez instructor, Manuel García Castellón, un juez reforzado por la actual cúpula del Consejo General del Poder Judicial.
Una cúpula enfrentada al Gobierno, elegida en 2013 con la mayoría absoluta del PP, que tiene mayoría conservadora y cuyo presidente Carlos Lesmes no quiere irse e impone cargos a pesar de tener el mandato caducado desde hace dos años. Y, de paso, realizó algún que otro tejemaneje en la última no-visita del rey a Barcelona.
Llama la atención la actuación casi mesiánica del juez García Castellón, un instructor que se desliga de la Fiscalía y la Audiencia Nacional de la que forma parte y que rechaza la decisión que resolvió hace tres semanas: que Pablo Iglesias era perjudicado.
El magistrado es consciente, como reconoció el director de OKDiario en su momento, que la información del móvil robado a Dina fue entregada, supuestamente, a Eduardo Inda tres días después de la sustracción. Con esa información robada ilegalmente mientras Dina paseaba por un centro comercial se fabricó un falso informe policial, PISA, contra Podemos. Un falso documento que, entre otros, hizo daño al actual vicepresidente segundo del Gobierno. ¿Se le considera ahora el perpetrador?
Sea como fuere, lo cierto es que la trayectoria de García Castellón es amplia. Como cuando se opuso a la imputado del expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (todavía inmerso en casos de corrupción), sin justificar las razones por las que no veía delito contra él. O cuando apostó en 2019 por absolver al exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por las supuestas corruptelas en la venta del Canal a Emissao en 2001. También, eso sí, fue artífice de las imputaciones de Cifuentes, Aguirre y Fernández Díaz.
Lejos de todo esto, García Castellón considera que Pablo Iglesias se victimizó con todo lo vivido para "lograr rédito electoral" denunciando la persecución que había vivido de las cloacas. Mejor calladito, debió haber pensado. Para esto, 63 páginas de escrito en las que se pasa por el forro del libro todas las decisiones de su propia Audiencia Nacional.
Que este caso presenta una relación entre las cloacas que participaron el robo del móvil, elaboraron el informe PISA (Pablo iglesias Sociedad Anónima, que inventaba una financiación irregular) y que lo entregaron a OKDiario, está acreditado. Que Iglesias lo usó como munición electoral tras verse perjudicado, también. Al igual que han hecho el resto de partidos en España que se han visto objeto de persecuciones políticas de todo tipo a lo largo de la historia reciente.
Se ha descartado con pruebas científicas que Iglesias inflingiera daño a la tarjeta y se ha mostrado con testimonios cruzados que entregó la tarjeta de Dina al presidente del Grupo Zeta con ánimo de 'proteger' a su asesora. Gesto machista, sí, pero no delito. Ninguna información terminó en los medios de Zeta.
"Una trama para perjudicar a OKDiario": muchos aprecian un embite del Poder Judicial
El mejor punto que expone García Castellón llega cuando argumenta que Pablo Iglesias creó una trama "para perjudicar a OKDiario", en la que queda patente una circunstancia: el juez se basa en demasiados condicionantes y supuestos; eludiendo las pruebas de la Audiencia Nacional para conservar su condición de perjudicado.
Llama especialmente la atención que este argumento de García Castellón, que ha despertado sorpresa en el ámbito jurídico, se produzca en plena presión del Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La Justicia, controlada todavía por la mayoría del PP de 2013, está gobernada por Carlos Lesmes, con el mandato caducado desde hace dos años, que hace y deshace a su antojo: acaba de realizar varios nombramientos.
Hay cierto temor a una renovación en la Justicia, ciertamente necesaria. Una renovación inevitable, máxime cuando no queda ningún líder político de aquella época y cuando el equilibrio de fuerzas ha dado un giro de 180 grados.
Un sector de las instituciones se resiste con gran fuerza al cambio, a una especie de segunda Transición que se aprecia en cuestiones con la Memoria Democrática, pero también en una profunda remodelación de las estructuras del estado para evitar la creación de estructuras paralelas policiales y judiciales como las que crecieron durante los últimos 40 años.
