El 36% de la financiación que recauda la Iglesia anualmente, es decir, unos 335 millones de euros, evade el control fiscal, según el análisis Europa Laica, una organización sin ánimo de lucro española promotora del laicismo. Además, en ese informe, aprovecha para denunciar la opacidad que hay en lo relativo a las cuentas e inversiones de la Iglesia y la situación de "privilegio económico que disfruta la Iglesia católica".
En un estudio que parte de la memoria económica de la Iglesia y se focaliza en la información del Fondo de Reserva de la Conferencia Episcopal que se puede cifra aproximadamente en "unos 160 millones de euros", según explica el informe. Además, Europa Laica remarca que la Iglesia como institución en España recibe un poco más del 1 % del PIB, unos 11.500 millones de euros, de los Presupuestos Generales del Estados por distintos privilegios fiscales, patrimoniales y económicos.
Opacidad
La opacidad en las inversiones fiscales de la Iglesia se hace patente en ese Fondo de Reserva, en el que se añaden los fondos recibidos a través de la casilla del IRPF y que no se reparten entre las diversas diócesis, pero que se utilizan en diversas inversiones de "cuyo contenido no se informa", según afirma Europa Laica. La organización denuncia que el destino de la gran parte de los fondos tampoco se desglosa.
La organización puso su foco en estas inversiones tras un artículo que publicó Tiempo en 2017, según revela El Plural. La Iglesia percibió un beneficio o ingreso cifrado en 23 millones resultado de diversas inversiones financieras de entre 2.500 millones y 5.000 millones de euros, afirma Europa Laica en su informe. Además, denuncia que no existe ningún tipo de información sobre esto "en la Memoria publicada por la Conferencia Episcopal" y, sí, solo cifras estimadas de ingresos de esta índole en algunas diócesis.
Masa salarial e inmatriculaciones
Sin embargo, ahí no para la denuncia de la entidad, que también señala el aumento salarial "de un 70 %" cuando cada vez hay "menos sacerdotes", según afirma el informe. Entonces, Europa Laica insiste y pregunta hacia dónde va ese dinero. Se reclama la poca transparencia que demuestra la entidad.
Europa Laica exige al Gobierno una iniciativa que impugne todas las inmatriculaciones, las propiedades (inmuebles, fincas, jardines, etc.) anexadas por la iglesia, realizadas entre 1998 y 2015, gracias a la Ley Aznar; aunque, auguran una dura batalla legal. La organización no duda en señalar "el clamoroso silencio cómplice de todas las Administraciones Públicas" que han permitido gozar a la Iglesia de múltiples privilegios.
