Un nuevo escándalo sacude con fuerza la política estadounidense durante esta precampaña electoral. Dennis Hastert, el que fuera Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos durante toda la era de George W. Bush ha sido acusado de abusar de jóvenes menores cuando era profesor de Instituto desde 1965 a 1981. El político republicano habría llegado a pagar hasta 3,5 millones de dólares para mantener en silencio a sus víctimas, aunque cuatro de ellas ya han hecho públicos los abusos sexuales y las extorsiones.
Hastert fue, antes de dedicarse a la política, entrenador del equipo de lucha del instituto de Yorkville, en Illinois. Durante esa etapa el republicano, aseguran las víctimas, se sentaba en los vestuarios con vistas directas a las duchas de los chicos. El entrenador "tocaba a los jóvenes en el vestuario tras decirles que iba a hacerles un masaje". Al menos dos miembros del equipo han confesado que Hastert mantuvo relaciones sexuales con ellos.
Según los denunciantes, los abusos sexuales se extendieron durante toda su etapa como entrenador e incluso se prolongaron cuando Dennis Hastert entró en política. El problema es que, según la legislación actual en Illinois, las víctimas de abusos sexuales tienen 3 años para denunciar a su agresor tras producirse los hechos. Una vez expirado ese plazo, el delito de abusos sexuales prescribe, por lo que Hastert no podrá ser juzgado -ni condenado- por abusos sexuales. En su lugar, sólo se le impondrá una multa fiscal por haber sacado del banco millones de dólares en efectivo en pequeñas cantidades, con las que supuestamente pagaba el silencio de sus víctimas intentando evitar que el fisco se enterase de las operaciones.
Como el caso de Hastert no es aislado, son muchos los Estados de aquel país que están en proceso de cambiar la ley para que este tipo de delitos de abusos sexuales a menores no prescriban nunca. Y, sorpresa, la Iglesia Católica está luchando con uñas y dientes en todos estos Estados para que la legislación no cambie, o al menos no lo haga con efecto retroactivo. Se nos viene a la cabeza, por supuesto, la trama de la película 'Spotlight', ganadora del pasado Oscar a mejor película.
Lejos de querer lavar su imagen y denunciar sus numerosas "manzanas podridas", la Iglesia destina importantes cantidades de dinero a grupos de presión -o lobby- para que estos proyectos de leyes nunca se conviertan en realidad.
Las oscuras cifras del lobby de la Iglesia
Los detalles de este lobby en contra de cambiar las leyes sobre pederastia son, como casi todo lo que rodea la Iglesia Católica, poco transparentes. Aunque el Papa Francisco asegura de puertas para afuera querer acabar con la lacra de los abusos dentro de la Iglesia y haber creado en 2015 un tribunal en el Vaticano que juzga estos delitos, de puertas para dentro las acciones de la Iglesia Católica distan mucho que lo que predican.
Desde 2006, los Obispos de Nueva York llevan luchando contra una propuesta de ley que elimina la prescripción de los delitos de abusos sexuales. No es el único Estado donde se está preparando una ley similar. Pennsylvania, Maryland, Iowa o el Distrito de Columbia también han intentado promover leyes similares para encontrarse con la oposición de la Iglesia.
"La prescripción existe para asegurar que un veredicto justo es posible. Con el tiempo la memoria de los testigos se desvanece, las pruebas se pierden o no se pueden encontrar, y en muchos casos testigos o denunciados pueden haber muerto", afirma Amy Hill, portavoz de la Conferencia Católica de Pennsylvania para explicar la oposición de la Iglesia a estas leyes.
Es difícil saber cuánto dinero gasta la Iglesia para evitar que estas leyes prosperen porque las cifras no existen o son escasas. Un estudio de 2011 estimó que ese año se gastaron 400 millones de dólares en grupos de presión religiosos sólo en Washington DC, y que de esos la mayoría -el 19%, unos 76 millones de dólares- corresponden a grupos católicos. Para hacernos una idea, la Iglesia Católica española suele destinar únicamente 6 millones de euros al año a Cáritas, su ONG de ayuda a los desfavorecidos.
