El pasado 19 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid procesó al humorista y presentador Héctor de Miguel a raíz de un chiste realizado en su programa Hora Veintipico, de la Cadena SER, en junio de 2024.
La denuncia, presentada por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, se centra en una broma en la que el cómico sugería la idea de dinamitar la cruz del Valle de los Caídos y reutilizar sus piedras para lanzárselas a quienes acosan a mujeres en clínicas abortivas o a sacerdotes condenados por abusos.
El interrogatorio y la polémica comparación
Durante su declaración ante el juez Carlos Valle, a la que tuvo acceso la Cadena SER, el magistrado estableció un paralelismo entre el comentario de De Miguel y la posibilidad de "volar la plaza de Pedro Zerolo", un espacio emblemático del barrio de Chueca y referente en la celebración del Orgullo LGTBIQ+.
En el interrogatorio, Valle planteó al humorista si vería aceptable que se hiciera un chiste sobre lanzar piedras durante el Orgullo a "los homosexuales que han abusado de niños", añadiendo que "es decir, todos los homosexuales". Esta afirmación generó una gran controversia, al implicar una generalización que Héctor de Miguel rechazó.
El humorista defendió la naturaleza humorística de su comentario, apelando a la hipérbole como recurso cómico. Explicó que su intención nunca fue literal, sino satírica, y enfatizó la importancia del contexto en la comedia. "Si alguien se toma esto al pie de la letra, no está entendiendo el humor", respondió.
El historial del juez Carlos Valle
La actuación del juez Valle no ha pasado desapercibida, ya que no es la primera vez que admite denuncias del colectivo Abogados Cristianos. En 2024, también llamó a declarar a Pablo Echenique, ex portavoz de Podemos, por un tuit en el que comparaba la probabilidad de que un sacerdote cometiera abusos con la de un inmigrante.
Asimismo, Valle archivó el caso contra Esperanza Aguirre tras un incidente de tráfico en el que la expresidenta de la Comunidad de Madrid se dio a la fuga. En otras decisiones controvertidas, citó a una menor de 15 años por acudir a un centro de planificación familiar por desarreglos menstruales y llamó a declarar a una mujer embarazada de nueve meses para preguntarle si había abortado meses antes.
