Ocurrió en mayo de 2013. Un niño de 8 años llamado Gabriel fue torturado y vejado por su propia madre y la pareja de esta. La razón: a Gabrielito, apodo por el que se le conocía, le gustaba jugar a las muñecas y ambos adultos consideraron que sus conductas no eran normales, rechazando así su supuesta homosexualidad.
El menor vivía con sus abuelos y lucía una vida espléndida. Sin embargo, su madre, Perla Fernández, logró hacerse con su custodia en octubre de 2012. Fue entonces cuando comenzó el calvario para este inocente niño: le golpearon; le quemaron con cigarrillos; le mordieron; le dispararon con un arma de aire comprimido mientras estaba encerrado en una jaula; le taparon la boca con un calcetín para que no gritata; le obligaron a comerse sus propios vómitos e incluso las heces del arenero de un gato.
Una paliza mortal
Gabriel era un niño feliz mientras vivía con sus abuelos. Sin embargo, la recuperación de la custodia por parte de su madre le condenó a un destino fatal. Su progenitora, junto a su pareja -vigilante de seguridad- le obligaron a sufrir todo tipo de vejaciones, torturas, insultos homófobos y humillaciones.
Varios meses de torturas más tarde, el novio de su madre, Isauro Aguirre, le propinó en mayo de 2013 una brutal paliza. Tras este horroroso apaleamiento, la propia pareja que residía en Palmdale (California, EEUU) llamó al servicio de Emergencias. Sin embargo, según el fiscal, Jon Hatami, intentaron ocultar los hechos. "Golpearon al niño hasta la muerte porque era homosexual", afirmó Hatami. "El acusado mintió al 911", sentenció.
Según informa el diario The Mirror, el sanitario de Emergencias que atendió a Gabriel quedó totalmente en shock al no poder creer lo que estaba viendo. "Fue increíble la cantidad de traumas que había en su cuerpo", informó el asistente de salud. El niño había sufrido una parada cardiorespiratoria, pero los esfuerzos médicos por reanimarlo no surtieron efecto: fallecía a los dos días en el hospital.
Comienza el juicio contra el asesino y los cómplices
Más de cuatro años después, se ha iniciado el proceso judicial que puede acabar con una condena de pena de muerte para Aguirre. Su defensa, durante el juicio, aseguraba que Aguirre había "perdido el control" debido a que el menor había implorado a su madre que terminara su relación con este ser inhumano. Los hermanos de la víctima llegaron a relatar cómo obligaban al menor a comer heces de gatos o su propio vómito.
Un funcionario de la sala del juzgado advirtió al jurado antes de comenzar el juicio que se trataba de un caso "altamente emotivo". Asimismo, ante los horripilantes sucesos, el trabajador advirtió a los miembros del jurado que debían contener sus emociones ya que, en caso contrario, podrían ser apercibidos y expulsados del resto del juicio.
Tras la narración de los hechos, el abogado defensor rechazó sorprendentemente el agravante de tortura. "Es culpable de asesinato, pero la circunstancia especial alegada de que pretendía matar a Gabriel con la imposición de tortura, no es cierta", aseguraba la parte defensora. Aguirre se ha declaró "no culpable" de los hechos que se le acusan. Su sentencia tendrá que ser emitida por un jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres. En el caso de que estos miembros admitan el agravante de tortura dentro del delito de asesinato, la pareja de Perla Fernández podría enfrentarse a la pena de muerte.
Por su parte, el fiscal Jon Hatami mostró durante el juicio unas imágenes en las que comparaba el rostro de felicidad del niño y la apariencia saludable cuando vivía con sus abuelos y el aspecto deplorable que tenía tras vivir con su propia madre. "Las pruebas demostrarán que Gabriel fue golpeado, quemado, magullado...", defendió Hatami. Además, el fiscal aseguró que Aguirre era un guardia de seguridad que "abusó intencionadamente de un niño indefenso e inocente" porque consideraba que era homosexual.
Durante la primera sesión del juicio se presentaron ante el tribunal diferentes armas y herramientas que eran utilizadas para llevar a cabo las torturas. Entre estos utensilios se encontraban botas militares, spray de primienta, correas, armas de aire comprimido, entre otras cosas. Aguirre disponía de varios de estos instrumentos debido a su trabajo como vigilante de seguridad.
La madre del menor, permisiva y participante de estos hechos, se enfrentará a un juicio paralelo por separado. Se prevé que estas citas judiciales se alarguen durante ochos semanas. Además de Fernández y Aguirre, otros cuatro trabajadores sociales del condado de Los Ángeles deben enfrentarse a las acusaciones por desatender las alertas del entorno de Gabriel. En varias ocasiones, recibieron denuncias de un posible maltrato hacia el menor. La propia profesora del pequeño elevó una protesta y tuvo constancia de una carta escrita por el niño de 8 años en la que alertaba de un posible suicidio.
Ahora, todo queda en manos de la justicia. El jurado deberá determinar si Aguirre, efectivamente, torturó al pequeño Gabrielito. Solo así la tortura sistemática y el asesinato brutal de esta inocente criatura podrá recibir su merecido castigo.
