Carlos, Mauricio y Roberto, los tres hermanos de Antonio Anglés, presunto asesino de Miriam, Toñi y Desirée, conocidas como las niñas de Alcàsser, en 1992, serán juzgados por delitos de extorsión, lesiones y tenencia ilícita de armas junto a un cuarto acusado.
Los hermanos Anglés, que cambiaron su apellido tras el crimen de Alcàsser, serán serán juzgados en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. La Fiscalía ha pedido para ellos entre 5 y 12 años de prisión por los hechos ocurridos en la localidad de Massanassa contra el propietario de una gasolinera.
Según relata la acusación pública y ha desvelado Las Provincias, los acusados retuvieron a un hombre para recriminarle el robo de 500.000 euros que Carlos, el hermano pequeño de Antonio Anglés, ocultaba en su Ferrari. Según confiesa la víctima, cuando ésta negó la acusación, fue apuntado con una pistola e incluso amenazado con clavarle una jeringuilla infectada de sida.
Tras recibir varios golpes, el hombre, que era un empresario conocido por la familia y con quien Carlos compartía la propiedad de una gasolinera en Yecla (Murcia), accedió a acompañarles a la notaría para cederle a Carlos el 40% de las acciones de la estación de servicio.
En libertad con cargos y a la espera de juicio
![Mauiricio y Carlos, hermanos de Antonio Anglés](https://www.losreplicantes.com/images/articulos/16000/16026/1.jpg)
El empresario agredido presentó una denuncia y en el registro de la casa de Carlos la Policía Nacional encontró una pistola Glock, por lo que deberá afrontar una responsabilidad penal aumentada por el delito de tenencia ilícita de armas. También incautaron de 78 gramos de hachís, 19 gramos de heroína y dos dosis de cocaína. Los cuatro individuos fueron detenidos.
Los arrestados fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Catarroja y quedaron en libertad con cargos, aunque la juez les impuso medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado para firmar de forma periódica. Carlos, además, devolvió las acciones a la víctima para rebajar la pena a la que se enfrentará en el juicio.