La Fiscalía Anticorrupción tomó declaración a Tomás Díaz Ayuso por su implicación en el contrato para el suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid. Desde el pasado mes de febrero, el hermano de la presidenta madrileña ha estado mirado con lupa debido a la jugosa comisión que se llevó por este contrato. Por fin ha podido dar su versión de los hechos.
En su declaración, Tomás Díaz Ayuso defendió la legalidad del contrato que mantuvo con el Gobierno regional y quiso desmarcar a su hermana del caso. Según ha adelantado el diario El Mundo, el encargado de interrogarlo fue el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Malversación de fondos mediante mascarillas
Tomás Díaz Ayuso fue citado para arrojar luz sobre la licitación por un importe de 1,5 millones de euros, actuando como intermediario en la compra de mascarillas con el Gobierno regional. Por lo que parece, la empresa Priviet Sportive S.L es propiedad del empresario Daniel Alcázar, un amigo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso.
Al conocer la noticia de esta supuesta irregularidad, Alberto Luzón abrió una investigación para analizar el caso el pasado 1 de abril. Concluyeron que se realizó la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 5 euros (más IVA), lo que conllevaría un importe total de 1.512.500 euros.
Tomás Díaz Ayuso desmarca a su hermana
La comparecencia de Tomás Díaz Ayuso se produjo a la vez que la del consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Asimismo, también comparecieron varios altos cargos del Gobierno regional implicados en la licitación del contrato de las mascarillas.
Por lo que ha podido saber este medio, durante su declaración Tomás Díaz Ayuso defendió la legalidad del contrato y su importe de 1,5 millones de euros. Además, insistió en que la presidenta madrileña desconocía por completo cómo fue la contratación de las mascarillas.
Desde el Gobierno regional sostienen que el dinero que obtuvo Priviet Sportive se trata de "una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación". También ha remitido al fiscal Luzón un informe de la Cámara de cuentas que avala la legalidad del contrato de las mascarillas.
Posible delito de tráfico de influencias
Este es uno de los casos que más ha dado que hablar en las últimas semanas. Una posible malversación de fondos por parte de la Comunidad de Madrid podría suponer un paso decisivo en la caída de la presidenta Díaz Ayuso. Si se demostrara que si hubo una irregularidad en el cobro, la presidenta se enfrentaría a un delito de tráfico de influencias, así como de malversación y prevaricación.
Por si fuera poco, días después de que comenzara la investigación, la Fiscalía Europea reclamó que les cedieran el caso ya que podría haber una malversación de fondos europeos. No obstante, Anticorrupción se negó alegando que se investigaban delitos que afectan solo al ámbito nacional.
Sea como fuere, el asunto sigue aún sobre la mesa y parece que las declaraciones de Tomás Díaz Ayuso no van a afectar a su hermana. Anticorrupción ha hecho un análisis también de todas las firmas que se pudieron beneficiar de los 13 contratos (con un valor de hasta 326 millones de euros) en relación al suministro de material sanitario a nivel general.
Por lo que se ve, hay demasiados casos abiertos de mandatarios y empresas que pudieron beneficiarse de una situación tan grave como fue la pandemia por Covid-19 y que tantas vidas costó.
